El Gobierno lleva meses trabajando en la reforma de la Administración local, pero todavía no ha presentado un texto definitivo. Las insistentes reticencias que vienen mostrando los poderes municipales y provinciales a la adopción de recortes salariales y a la reducción de estructuras administrativas y empresariales han surtido efecto, pues el Ejecutivo no hace sino retrasar, una y otra vez, la aprobación de una reforma que, en principio, parecía inminente.
Este mismo viernes se ha vuelto a repetir la historia. El Consejo de Ministros acaba de dar su visto bueno a un nuevo informe del Ministerio de Hacienda en el que tan sólo se evalúa el denominado Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Así pues, la ansiada reestructuración de los ayuntamientos aún tendrá que esperar. De hecho, la negociación con los municipios todavía no ha concluido, por lo que el documento final aún podría sufrir cambios significativos. No sería la primera vez, ya que al principio se anunció una reducción del número de concejales que finalmente ha quedado diluida. Por lo pronto, Hacienda admite que la "reforma definitiva" no se aprobará antes de octubre. Y eso si todo sale bien y no surgen nuevos imprevistos. Se trata, pues, de una reforma interminable, pese a que Moncloa se comprometió con Bruselas a aplicarla a principios de este año.
El texto provisional incluye, entre otras medidas, la eliminación de duplicidades y la delimitación de servicios públicos bajo el lema "una Administración, una competencia"; nuevos mecanismos para controlar y supervisar las cuentas públicas; la posibilidad de eliminar mancomunidades y empresas públicas; la fijación de un tope máximo a los sueldos de alcaldes, concejales y cargos electos de las diputaciones provinciales, así como la reducción del número de licencias y permisos administrativos que los poderes locales pueden exigir a los empresarios para iniciar una actividad económica.
En total, Hacienda estima que la reforma supondrá un "ahorro potencial" de 7.129 millones de euros entre 2013 y 2015. Muy largo lo fía Cristóbal Montoro, ya que la reforma no entrará en vigor hasta el próximo otoño, como mínimo. Además, en ningún caso se contempla la necesaria reducción de ayuntamientos pequeños, y mucho menos de diputaciones –la mayoría en manos del PP–, con la consiguiente eliminación de empresas locales, cargos electos y empleados públicos. El recorte que prevé la reforma en personal apenas asciende a 146 millones de euros, el 2% del ahorro total estimado.
La escasa voluntad que sigue mostrando el Gobierno a la hora de redimensionar de forma drástica y creíble la elefantiásica Administración, en los niveles local, provincial y autonómico, contrasta con la rapidez y contundencia con que aprueba subidas de impuestos, destinadas, precisamente, a mantener, en la medida de lo posible, el ingente tamaño de los poderes públicos y, de paso, los privilegios de la clase política.