Con la publicación de las balanzas fiscales el Gobierno ha satisfecho una de las demandas pendientes de sus socios en esta legislatura. Desde la instauración del Estado de las autonomías, los nacionalistas han reivindicado la publicación de estos datos con la pretensión de demostrar el agravio que existe entre unas regiones que pagan y otras que reciben de las arcas del Estado. Una exigencia que evidencia el egoísmo de quienes etiquetándose como progresistas se niegan a ser "solidarios" con los ciudadanos de otras regiones.
Las balanzas fiscales publicadas por el Ejecutivo adolecen, además, de una imprecisión futro de la disparidad de métodos aplicables para realizar las cuentas. Resulta imposible, por ejemplo, imputar los ingresos fiscales de las sociedades a la autonomía en la que tiene su sede social cuando su actividad se ha desarrollado también en otras autonomías o el conjunto del territorio nacional. Criterios que, dependiendo de su aplicación, desembocan en que la horquilla del déficit fiscal de Madrid se encuentre entre el 5,57 y el 9,13 por ciento del PIB regional y la de Cataluña entre el 6,38 y el 8,70. Un margen lo suficientemente amplio que permite a la clase dirigente de cada autonomía clamar contra una injusticia comparativa respecto a las demás regiones.
Tampoco sería justo determinar la contribución regional sin tener en cuenta otras transferencias entre la administración central y las autonómicas como, por ejemplo, las balanzas comerciales. Puestos a realizar cálculos y buscar un sistema equitativo de contribuciones debería exigirse una exhaustividad que contabilizara todos los factores que intervienen sin contemplar privilegios como el de los cupos vasco y navarro. Presumir que las cuentas recién publicadas reflejan la realidad supone una manipulación demagógica que sólo beneficia a los nacionalistas exacerbados interesados en avanzar hacia un modelo confederal insostenible.
Con todo, y aun suponiendo que pudiesen llegar a realizarse unos cálculos que reflejasen las aportaciones y deudas reales entre la administración central y las diferentes autonomías, habría que preguntarse qué sentido tiene fijar un criterio territorial cuando son los ciudadanos, independientemente del lugar donde residen, quienes pagan impuestos y quienes se benefician de esa supuesta redistribución de la riqueza que subyace y justifica todo sistema impositivo, incluido el español. Siendo coherentes con el paradigma socialdemócrata, el sistema no debería pensarse para que las regiones ricas financiaran a las pobres sino para que las personas menos favorecidas tuvieran las mismas oportunidades allí donde se encontraran. Pues si llevamos a su lógica conclusión el razonamiento que mueve a los montillas de turno, debería irse más allá y calcular las balanzas fiscales individuales, con vistas a que cada español pagara lo que recibiera de servicios del Estado. Pero claro, el razonamiento del "Madrit nos roba" nunca llega a considerar que, siguiendo las mismas premisas, Barcelona también.