El acuerdo alcanzado por E.On con Enel y Acciona, por el que la eléctrica alemana ha retirado su OPA sobre Endesa, supone el final lógico y, al tiempo, lamentable de este bochornoso asalto político a la mayor eléctrica española, que ya se ha convertido, junto con el expolio de Rumasa, en el mayor escándalo político-financiero de nuestra democracia.
E.On, que se quedará con los activos de la compañía española en Francia, Italia, Polonia y Turquía, así como con el control de Viesgo –la quinta eléctrica española, propiedad de Enel–, ha llegado a la conclusión de que este acuerdo es lo mejor que podría esperar después de la impresión bananera dada por nuestro Gobierno y su subordinada autoridad reguladora, desde el mismo momento en que la eléctrica alemana decidió competir y desbaratar en buena lid a la OPA política impulsada por el Ejecutivo a través de Gas Natural.
Desde entonces el Gobierno de Zapatero no ha hecho otra cosa que poner obstáculos al inversor alemán que, si bien fueron superados en parte gracias a nuevas ofertas y a la intervención de las autoridades europeas de Defensa de la Competencia, han resultado decisivos tras el descarado apoyo gubernamental a la irrupción de la italiana Enel, que se ha hecho con el 24,9% del accionariado de Endesa, y la bochornosa decisión de la CNMV de no querer ver su concertación previa con la constructora española Acciona, poseedora del 21%, ni actuar en consecuencia.
Asegurando en un primer momento que no iban a lanzar una OPA, pero haciéndose bajo manga y bajo precio con el control de la compañía, Enel y Acciona han hecho de facto imposible el objetivo de la eléctrica alemana de hacerse con el control mayoritario de Endesa, tal y como ha denunciado el hastiado presidente de E.On, Wulf H. Bernotat.
Precisamente la decisión de E.On de pactar su retirada ha coincidido con el anuncio de Manuel Conthe de abandonar la presidencia de la CNMV, bien por ser forzado a ello por el Gobierno, bien por haberse quedado solo defendiendo que se debía sancionar a Enel y Acciona. Lo que parece claro es que Conthe no dará explicaciones de su decisión en el Congreso, vistos los deseos del Gobierno de cubrir todo el escándalo con un manto de silencio.
Aunque no esté tampoco claro que las autoridades de la Unión Europea, que tendrán que posicionarse sobre este asunto por sus dimensiones europeas, acepten una OPA que se ha basado en gravísimas irregularidades, lo cierto es que hay motivos para que miles de accionistas se sientan ahora estafados, por no hablar de la lamentable imagen de nuestro país ante el sistema financiero internacional. A la vista está, sin embargo, que esta intervencionista entrega de la primera eléctrica española a una empresa pública italiana como Enel es la forma que entiende este Gobierno bananero de Zapatero de impulsar a los "campeones nacionales".
