Decía Sófocles: "Ocasiones hay en que la Justicia misma produce entuertos". No sabemos si la Justicia en sí misma, pero desde luego su lentitud, su politización y la disparidad de criterios en torno a lo que es la observancia de la ley los causa a cientos.
Buen ejemplo de ello es el caso de Luis Bárcenas, imputado por delitos de cohecho, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y estafa procesal en grado de tentativa. No sabemos si Bárcenas, desde que se dirigió contra él la acción penal, en el mes de julio de 2009, hasta que, en junio de 2013, ingresó de manera preventiva y sin fianza en prisión, destruyó pruebas que pudieran inculparle. Pero si no lo hizo no sería, desde luego, por falta de tiempo: se tiene constancia de que durante ese prolongado tiempo el extesorero del PP compareció cuantas veces fue llamado por los distintos órganos que conocieron de la investigación criminal, habiendo cumplido igualmente con las obligaciones de entrega del pasaporte y de comparecencias periódicas impuestas en el auto de febrero de 2013 e incluso habiendo colaborado en la instrucción de la causa.
A pesar de lo anterior, de la falta de antecedentes penales y de su pleno arraigo personal, familiar y laboral en España, el juez Ruz decidió en junio de 2013 como medida cautelar la prisión provisional de Bárcenas alegando un posible riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Esta misma decisión, ya entonces discutible, ha sido confirmada desde entonces hasta en cuatro ocasiones por la Audiencia Nacional, razón por la que el extesorero del PP ha permanecido cerca de dos años en prisión a la espera de sentencia.
Este martes, sin embargo, la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional ha decretado su libertad condicional bajo el previo pago de una fianza de 200.000 euros. Los magistrados no han querido reprochar nada a quienes en tantas ocasiones han denegado esa libertad condicional, y sólo alegan que, en el momento procesal actual, con la investigación prácticamente agotada, existen otras medidas cautelares que pueden "mitigar" la medida de prisión preventiva acordada hace 19 meses.
Parece claro, sin embargo, que la Audiencia Nacional ha abusado de la prisión preventiva, que sólo puede orillar la protección del derecho a la libertad personal bajo circunstancias muy extraordinarias, tales como el riesgo de fuga o de destrucción de pruebas, que, si las hubo, hace mucho tiempo que se desvanecieron. Y por esas misma razón también parece excesiva la fianza, pueda o no Bárcenas afrontarla.
No se trata de quitar gravedad a los delitos que a Bárcenas se le imputan o cuestionar la validez de las pruebas que sostienen la imputación, pero si Bárcenas debe estar en prisión, que sea por una sentencia que lo condene y no por una medida cautelar trasformada en anticipo de condena.
Tampoco parece razonable la disparidad de criterios existente en el sistema de administración de justicia a la hora de decretar la prisión condicional: en numerosísimas ocasiones terroristas callejeros, sin arraigo alguno y con numerosos antecedentes penales, se han dado a la fuga aprovechando la libertad provisional bajo nimias fianzas que algunos jueces les concedieron.
Volviendo al asunto de la corrupción, también contrasta la larga prisión preventiva del extesorero del PP con la plena libertad y los escasos requerimientos que se han hecho a los Pujol y a muchos implicados en el caso ERE, a pesar de ser asuntos tanto o más graves que los que afectan a Bárcenas.
En cualquier caso, enviar de manera preventiva a los sospechosos de corrupción a prisión no es muestra de compromiso contra la corrupción sino del mal funcionamiento de la Justicia.