Lo más destacable y encomiable de la celebración del 40º aniversario de las primeras elecciones democráticas en el Congreso de los Diputados ha sido el discurso del Rey. Felipe VI ha trazado una radiografía de la España de las últimas cuatro décadas y de los esfuerzos para superar la "intolerancia, la discordia y la falta de entendimiento entre españoles". Haciendo un viaje al pasado para entender el presente, el Rey ha saludado que los españoles hayamos logrado superar una historia "convulsa e incierta, en la que se sucedían los pronunciamientos y los golpes de Estado, las guerras y la violencia", y en la "que se derribaba una y otra vez todo lo que antes se había construido".
Además de celebrar la estabilidad política, el progreso económico y social y la convivencia en paz y libertad alcanzados desde aquellas primeras elecciones de 1977, Don Felipe ha querido advertir, muy oportunamente, de la necesidad de preservar "la legalidad constitucional, como manifestación y decisión de la voluntad soberana del pueblo español". Asimismo, ha lanzado un claro mensaje a quienes pretender saltarse las leyes: "El respeto a esas normas, en democracia, no es una amenaza o una advertencia para los ciudadanos, sino una defensa de sus derechos. Porque dentro de la ley es donde cobran vigencia los principios democráticos". Y es que fuera de la ley, como bien ha señalado el Monarca, "sólo hay arbitrariedad, imposición, inseguridad y, en último extremo, la negación misma de la libertad".
Así las cosas, no es de extrañar que los únicos que no han secundado las lúcidas y sensatas palabras del Rey sean precisamente aquellos que no creen ni en España, ni en la ley ni en la libertad. Tal es el caso de los proetarras de Bildu y de los igualmente separatistas de ERC, que se han ausentado de la sesión; pero también el de los diputados de la antigua Convergencia que se han dedicado a mostrar pancartas a favor de ese atentado a la soberanía nacional que representa la ilegal consulta secesionista prevista para el próximo 1 de octubre.
No menos lógica y despreciable ha sido la actitud guerracivilista de los representantes de Podemos, que han querido convertir el acto conmemorativo en un homenaje a las "víctimas del franquismo" –no a las del Frente Popular ni a las del terrorismo de extrema izquierda–, con la clara pretensión de resucitar el odio entre españoles.
Para estos nostálgicos de la dictadura del proletariado y defensores de regímenes tan abyectos como el cubano o el venezolano, el Rey "no ha estado a la altura" por haber exhibido "equidistancia" entre "los verdaderos luchadores por la democracia" y "quienes defendían la dictadura". Como si lo que se celebrara este miércoles fuera un juicio al franquismo, o como si la democracia la hubiera conseguido hace cuarenta años la residual oposición a la dictadura y no la colaboración entre españoles, que dejaron de verse como enemigos irreconciliables incapaces de convivir en paz y en libertad.
Otra muestra del repugnante sectarismo de Iglesias, peón de la teocracia iraní, exterminadora de comunistas, ha sido su pretensión de que se prohibiera la entrada al Congreso a Rodolfo Martín Villa, uno de los políticos clave de la Transición. Pretensión tanto más absurda si se tiene presente que proviene de un comunista irredento que se encandila con relatos mitificadores de organizaciones terroristas como el FRAP (en el que militó su padre) y para quien la Transición y la Constitución "no instauraron un régimen democrático", sino una "engañifa lampedusiana" en la que "todo cambió para que todo siguiera igual".
En lugar de asistir a la conmemoración del 40º aniversario de las primeras elecciones democráticas para tratar de boicotearla, más hubiera valido a los podemitas haberse ausentado, como sus admirados Bildu y ERC. Ellos son, de hecho, la principal amenaza que se cierne sobre el régimen de libertades que nada debe a Iglesias y los de su ralea.