La esperadísima decisión del Gobierno de aprobar la posibilidad de emitir TDT de pago se ha hecho con un único objetivo: que Mediapro pueda rentabilizar los carísimos contratos deportivos con los que ha lanzado su televisión en abierto cobrando por ellos a los televidentes. Es una decisión con muchos precedentes: la concesión original para un nuevo canal en abierto, La Sexta; el permiso a Prisa para que Canal + emitiera en abierto; e incluso remontándonos a 1989, que se concediera una licencia para el monopolio de la televisión de pago a Polanco. Todos ellos con un hilo conductor común: el de favorecer a los medios afines al poder socialista.

Evidentemente, no existía demanda por parte de los televidentes para que algunos de sus canales de TDT pasaran a ser de pago. Por sí mismo, este hecho no debería impedir que el Gobierno permitiera esta posibilidad. Son los empresarios los que deben ver si algo puede ser rentable o no, no el sector público. Pero sí que elimina cualquier excusa que pudiera tener Zapatero para aprobar esta modificación con nocturnidad agosteña, casi con la lengua fuera del esfuerzo por llegar a tiempo para el inicio de la liga. Esta decisión ni es urgente ni de interés general, como ya había dejado claro el dictamen del Consejo de Estado.

En cualquier caso, lo razonable hubiera sido haber abierto esta posibilidad cuando se anunciaron los concursos originales que ganaron Veo TV, Net TV y después La Sexta. Al actuar de esta manera, el Gobierno Zapatero obligará a todos aquellos que deseen ver la TDT de pago a pagar por un descodificador compatible con esta variante, cuando la mayoría ya ha pagado uno que carece de esa función. Además, probablemente hubieran existido otras empresas interesadas en presentarse a aquellos concursos con un plan de negocio basado en el pago, puede que más atractivo para los consumidores que las alternativas finalmente ganadoras.

Al actuar de la forma en que lo ha hecho, Zapatero ha dejado más claro que nunca que esta decisión no es fruto de ninguna preocupación por los españoles ni, desde luego, por querer "igualar condiciones para todos" como ha afirmado De la Vega. La razón era que la productora de Roures, Mediapro, el grupo mediático nacido por y para el zapaterismo, pudiera rentabilizar las carísimas inversiones en derechos de emisión de los clubs españoles de fútbol, por las que ha pagado un dinero que emitiendo en abierto jamás habría podido recuperar.

Roures, que ha tenido la caradura de asegurar sin sonrojarse en un programa de radio que nunca ha recibido favores del Gobierno, puede al fin respirar tranquilo. Es dudoso que se hubiera puesto nervioso en algún momento, pues contaba con la certeza de que al final podría lanzar su canal de TDT de pago. Pertenece a la larga estirpe de empresarios españoles que hacen negocio a la sombra del poder, y gracias a sus concesiones. En eso no se diferencia de Prisa, que no tiene ahora muchos motivos para quejarse, pues fue la primera en beneficiarse, y mucho, de su cercanía a los socialistas.

Al final, para que pueda existir una prensa realmente libre en España, se debería adoptar un sistema bien distinto al de las concesiones y licencias. Un sistema en que empresas y ciudadanos privados fueran propietarios de parcelas del espectro radioeléctrico, pudiendo comprarlas y venderlas en el mercado, y con las debidas salvaguardas para impedir la aparición de monopolios, sería el más adecuado para asegurarse de que no nazcan y mueran empresas de comunicación al albur de lo que se publique en el BOE, sino de los gustos de los consumidores. Pero no esperen que nadie en España haga una propuesta semejante. Haría perder demasiado poder a los políticos.