Ya resulta patético que el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, finja ignorar que el F. C. Barcelona está siendo utilizado como plataforma propagandística por los separatistas catalanes para poder afirmar todo lo contrario, que constituye "un activo fundamental para la marca España". Pero lo absolutamente inaceptable del artículo que ha publicado en El País es que salga en defensa de un club que está siendo puesto en tela de juicio no por sus muchas o pocas contribuciones al deporte español, sino por un presunto delito contra la Hacienda Pública que ya le ha costado el cargo a Sandro Rosell, después de que se confirmase que el fichaje del jugador brasileño Neymar rondó, al menos, los 90 millones de euros, muchísimo más que lo que se dijo a los socios de la entidad: 57 millones.
Quien destapó la liebre de este monumental escándalo presentando una querella no fue ningún furibundo madridista, ni alguien que desprecie los importantes logros deportivos del Barça, o que haya desplazado "la sana rivalidad deportiva por un enfrentamiento enfermizo", tal y como insinúa Cardenal en su inaudito artículo. Fue un socio del propio F. C. Barcelona, Jordi Cases. Y criticar y calificar de "desmesura" y "acoso" la polémica y la investigación judicial de la que está siendo objeto dicho club, tal y como hace el secretario de Estado, es tanto como acusar veladamente de prevaricación a la Fiscalía, que solicitó la imputación, a los técnicos de Hacienda, que la secundaron, o al juez Ruz, que ha decidido seguir adelante con la causa.
Los más ofendidos ante el bochornoso escrito del secretario de Estado para el Deporte no deberían ser los madridistas, ni los seguidores de cualquier otro club de fútbol, sino los miembros del Consejo General del Poder Judicial y los ministros de Justicia y Hacienda, que en cualquier otro país ya habrían pedido el inmediato cese de quien es tan sumamente irresponsable como para tomar públicamente partido en una causa que está sub iudice.
Que haya socios del Barça que ignoren que también ellos habrían sido víctimas del presunto fraude y consideren, por el contrario, que su club está siendo objeto de una injusta campaña de acoso y derribo es tan lamentable como lógico que también lo hagan los nacionalistas, que consideran al Barca "algo más que un club", y no precisamente por su papel en la potenciación de la marca España. Pero que esa patraña victimista la haga suya y la difunda en los medios de comunicación un miembro de la Administración es razón más que suficiente para exigir su destitución fulminante.