En esa cuna constitucional y liberal que es la ciudad de Cádiz, arranca hoy, de forma oficial, la campaña de recogidas de firmas, liderada por el PP, en pro del derecho de todos los ciudadanos españoles a opinar sobre algo que, como el "estatuto" soberanista catalán, no sólo afecta a Cataluña, sino a toda España. No se trata de mostrar el rechazo a una opción de gobierno, sino a lo que es un cambio solapado en las reglas de juego que acaba de facto, y fraudulentamente, con el consenso constitucional forjado en 1978, para sustituirlo por un pacto entre Zapatero y los nacionalistas con el objetivo de cerrar un frente institucional contra el principal partido de la oposición.
Hay empresas que, simplemente, hay que emprender, aunque no tengamos certeza de que lleguen a buen puerto. El éxito, además, de esta campaña, no radica en que se pueda traducir en la celebración de un referéndum, sino en dejar constancia de que si Zapatero prosigue en su deriva rupturista, de la mano de los nacionalistas, lo hace contra el criterio de una inmensa mayoría ciudadana que no reconoce más nación que España, y más soberanía, que la de todos los españoles. Una mayoría que podrá, por supuesto, no ser escuchada, pero que, desde luego, se resiste a ser silenciada y mucho menos a ser silenciosa.
Alzar la voz es un derecho básico en democracia y no hay recomendación más estéril y claudicante que la que aconseja no alzarla porque no la van a hacer caso. El PSOE tiene por objetivo convencer a los españoles de que el traje estatutario confeccionado con los nacionalistas para Cataluña es impecablemente constitucional y positivo, no sólo para Cataluña, sino para toda España. Para esa monumental tarea de propaganda y engaño –para la que el PSOE cuenta con poderosísimos medios–, el mejor remate sería que en el PP se volviera al "perfil bajo" y que florecieran en su seno los acomodaticios y anestésicos Piqués.
Afortunadamente y por el contrario, Rajoy, con esta recogida de firmas, está dispuesto a "apelar a la solidaridad y a la cohesión territorial", a que "España se pacte entre los grandes partidos y no entre un gran partido y los partidos nacionalistas", a dar, en definitiva, la "batalla por algunas cosas que creíamos que eran aceptadas por todos, como que España era una nación y que todos los españoles éramos iguales ante la ley, en derechos, deberes y obligaciones".
La recogida de firmas, aunque sea la iniciativa que más nerviosos haya puesto a los socialistas, no es la única "batalla" que el PP debe estar dispuesto a librar. También debe insistir en que el PSOE se avenga a las recomendaciones que le hace el propio Consejo de Estado de cara a las eventuales reformas constitucionales. Por mucho caso omiso que, hasta ahora, Zapatero le haya brindado a este informe, el PP debe insistir en él con tanta energía, como la que también le deberá dedicar al estatuto durante su tramitación en sede parlamentaria. Pero –como dice el refrán– "a Dios rogando y con el mazo dando".
Aunque para nosotros, la carambola que pretende Zapatero no es otra que la marginación institucional del PP "como sea", el gobierno del 14-M siempre se avendrá antes a buscar un hipotético consenso con el principal partido de la oposición, si este partido canaliza y acredita el malestar ciudadano contra el "Estatut" soberanista, que si no lo hace y se deja llevar como un disciplinado y tranquilito opositor a un cargo del Estado. Mejor cargarse de razón y, al tiempo, de firmas. El silencio, para los corderos.
