Los sucesivos episodios alrededor del caso Bárcenas tienen un punto en común: nadie habla con quien debe ni da las explicaciones a las que, judicial, política o éticamente, estaría obligado.
No las ha dado, desde luego, Luis Bárcenas, que si tiene en su poder documentación importante para la resolución del caso y que demuestre la comisión de delitos, sea en el PP o donde sea, debe trasladarla a las autoridades judiciales competentes, y no a un periodista, por muy influyente que sea.
Ningún ciudadano debe administrar su información sobre un caso penal de esta transcendencia en virtud de si puede o no hacer caer al Gobierno, o de las relaciones más o menos amistosas que le unan con tal o cual personalidad. Y si esto es así para cualquiera, más aún para alguien como el extesorero del PP, que, hay que recordarlo, hasta hace no tanto era un representante público.
Tampoco los populares están ofreciendo como partido las explicaciones a las que están obligados, porque es posible que el caso esté en este momento en los tribunales y no sea prudente abordar determinados aspectos judiciales, pero hay una faceta política, y hay responsabilidades políticas, que no se solventan con vanos comunicados, ni con declaraciones huecas ni huyendo de la prensa.
El PP debe saber, además, que esa actitud no contribuye a despejar las dudas, cada vez más serias, sobre su posible financiación ilegal. Más bien al contrario: las declaraciones contradictorias y el nerviosismo que el tema parece provocar en la cúpula popular, tanto como para no atreverse siquiera a pronunciar las palabras Luis Bárcenas, hacen sospechar que la contabilidad del PP no es tan intachable como Cospedal aseguraba este mismo lunes.
Del mismo modo, y aunque presuma de lo contrario, el PP no ha hecho un striptease sobre su contabilidad, como no lo ha hecho casi ningún partido español, así como tampoco sindicatos, patronal y otras muchas organizaciones que viven del presupuesto público: prácticamente nadie dentro del establishment ofrece información suficiente sobre qué hace con el dinero de todos los ciudadanos que gestiona. Los escándalos de la UGT andaluza revelados por Libertad Digital son un excelente ejemplo de ello.
En resumidas cuentas, es urgente que todos los implicados asuman sus responsabilidades y, sobre todo, que las asuman en todos y cada uno de los ámbitos pertinentes: lo que tenga que decirse ante el juez, que se diga ante el juez; y lo que deba comunicarse a la opinión pública, que se transmita con claridad, sinceridad y sin plasmas de por medio.