Está visto que el código ético con el que la marca blanca de Podemos en la capital se presentó a las elecciones municipales de 2015 es de obligado cumplimiento para todo aquel que ostente cargo público... salvo que pertenezca a la propia y nada ejemplar Ahora Madrid, en la que medran personajes como la asaltacapillas Rita Maestre o Guillermo Zapata, perpetrador de chistes infames en que se hace escarnio de las víctimas del Holocausto, del terrorismo etarra y de violaciones especialmente atroces, como las que padecieron las niñas de Alcácer.
Si los neocomunistas exigieron la destitución fulminante de la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, nada más conocerse su imputación en el caso Mercamadrid por un presunto delito societario, ahora han decidido no aplicar el mismo rasero a sus conmilitones Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, que podrían haber incurrido ya no en delito societario, sino en malversación de caudales públicos y prevaricación en el denominado caso Open de Tenis.
Los ediles podemosos están siendo investigados por si hubieran forzado una "versión incriminatoria" del convenio que suscribió el exalcalde Alberto Ruiz Gallardón con la empresa organizadora del torneo, Ion Tiriac, para lo cual encargaron, a espaldas del Consejo de Administración e infringiendo la normativa reguladora de contratación, dos nuevos informes, a razón de 50.000 euros cada uno, para que se les informara en tiempo récord sobre la existencia de posibles irregularidades penales... que ya habían sido completamente descartadas por los técnicos municipales.
El hecho de que la actuación de los ediles de Ahora Madrid no tuviera como fin el ánimo de lucro personal sino el desprestigio de sus enemigos políticos es la bochornosa excusa que tanto Sánchez Mato y Meyer como el resto del Gobierno municipal han esgrimido para no cumplir con el código ético que asestan a sus enemigos –los neocomunistas no tienen adversarios– a las primeras de cambio. Si bien es cierto que, llamativamente, dicho documento sólo parece considerar mala la prevaricación que tiene por objeto el lucro personal, nada especifica sobre delitos como el cohecho, la malversación y la apropiación de fondos públicos, "bien sea por interés propio o para favorecer a terceras personas".
Ninguna diferencia moral o penal hay entre prevaricar para satisfacer un interés crematístico particular y prevaricar para machacar políticamente a alguien. Como no podía ser de otra manera, el Código Penal, que castiga el delito de prevaricación como toda resolución arbitraria tomada a sabiendas de su injusticia, no entra en las motivaciones o en los fines que pueda perseguir quien lo perpetre. Pero los podemosos son así. Se creen por encima de una Ley que desprecian como lo que son, neocomunistas antisistema.
Pero ahí siguen, gobernando en el Ayuntamiento de la capital por obra y gracia de un PSOE que de hecho pretende abrirles de par en par las puertas de la Moncloa...