A pesar del encomiable estudio de FAES Por un Estado autonómico racional y viable, y de la promesa electoral del PP de acometer una "profunda reforma del sistema autonómico", no parece que el Gobierno de Rajoy esté dispuesto a acometer reforma alguna en este campo, salvo para tratar de contentar a los nacionalistas. Buena prueba de ello son las declaraciones efectuadas hace unos meses por Alberto Catalá Polo, en las que el sucesor de Gallardón en el Ministerio de Justicia se mostraba partidario de una reforma constitucional destinada a reconocer la "singularidad de Cataluña" y procurar un "mejor encaje" del Principado en España.
Tiempo habrá de valorar la gestión de Catalá en Justicia; pero es innegable que semejante propuesta es contraria a la igualdad de los españoles ante la ley y en lo relacionado con el autogobierno de las comunidades autónomas.
Difícilmente se puede mejorar el encaje de Cataluña de España por la vía de la cesión permanente ante los nacionalistas, que, lejos de mitigarlo, ha agravado el problema del secesionismo.
La reforma del modelo autonómico es necesaria; pero no con el fin de potenciar la desvertebración nacional y las singularidades que buscan separar unos territorios de otros, sino, por el contrario, para a evitar –por poner un ejemplo sangrante– que un ciudadano español no sea atendido en un hospital público de Gandía por el hecho de proceder de Castilla y León.
Las singularidades del modelo autonómico, lejos de contribuir al encaje de las autonomías en España, contribuyen a descoyuntar la Nación y el Estado de Derecho.
Por su parte, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, se ha mostrado dispuesto a reconocer la "singularidad catalana" mediante la total entrega de la "competencia lingüística" a la Generalidad. Ésta ya tiene, desgraciadamente, muchas competencias en este terreno, y si no las tiene todas de derecho sí las tiene de hecho, habida cuenta de la absoluta y vergonzosa renuencia de los Gobiernos centrales a la hora de hacer cumplir las sentencias de los tribunales contrarias a la coactiva, inconstitucional y liberticida inmersión lingüística.
Conviene recordar, por otro lado, que hace más de un año el presidente del Gobierno ya ofreció, a través de Alicia Sánchez Camacho, un "singular modelo de financiación" a Cataluña, que no era otra cosa que una maquillada cesión al chantaje de Artur Mas cuando Rajoy cayó en que las amenazas del presidente de la Generalidad a propósito del pacto fiscal no eran una simple "algarabia".
Se acometan o no finalmente estos cambios, que más que reformas supondrían la voladura de la Constitución, lo cierto es que el Gobierno de Rajoy ya ha favorecido a la Generalidad, embarcada en su singular desafío a la Nación, con unos intolerables privilegios financieros a través del Fondo de Liquidez Autonómica.
Dados los increíbles extremos a que está llegando este Gobierno, lo de menos es que el nuevo ministro de Justicia fuera un alto cargo en tiempos de González. Lo de más son las motivaciones que han llevado a Rajoy a encumbrarlo.