El que fuera director de Comunicación de la Generalidad entre 2011 y 2015, Josep Martí Blanch, asegura en un artículo publicado este martes en El Periódico que el "sanedrín público-privado" que trabaja en la sombra para la consulta secesionista del 1 de octubre ya tiene configurada una estrategia de actuación en el caso de que no sea "posible" su celebración: se trataría de instigar una "revolución pacífica" que se tradujera en la ocupación del Parque de la Ciudadela de Barcelona –donde se emplaza la Cámara autonómica catalana– por parte de ciudadanos favorables a la secesión, mientras el Gobierno regional y los diputados golpistas permanecerían encerrados en el Parlamento regional, "quizá retomando el programa original de Junts pel Sí y proclamando con 72 diputados la independencia".
La pretensión de Martí Blanch de que el otoño catalán emule la Primavera Árabe es tanto más ridícula por cuanto parte de la suposición de que el Gobierno de España se atreverá esta vez a hacer cumplir la ley en Cataluña impidiendo la celebración de la consulta de marras. Es posible y deseable que así sea, pero la verdad es que, a día de hoy, la ilegal consulta tiene más visos de no celebrarse por las dudas y la falta de entusiasmo que suscita entre los propios partidarios del mal llamado derecho a decidir –tal es el caso de Xavier Domènech y su Catalunya en Comú– que por el efecto disuasorio que puedan causar las medidas que el Gobierno de Rajoy piensa tomar para impedirla, y de las que todavía no ha informado.
Nunca hay que descartar que los separatistas traten de organizar algaradas y movilizaciones callejeras, tanto si el Gobierno de la Nación se atreve a impedir la consulta con todos los instrumentos que pone a su disposición el Estado de Derecho como si se limita (tal y como hizo el 9-N) a no reconocerle efecto jurídico alguno. Cosa distinta es que la gente vaya a secundar en masa al mentado "sanedrín" separatista acampando y convirtiendo el Parque de la Ciudadela en una "revisitada plaza de Tahrir en la que la primavera árabe se torne otoño catalán".
Sea como fuere, las cursis amenazas de este separatista no deben amedrentar al Gobierno de la Nación a la hora de velar por el imperio de la ley y de dejar claro que las fronteras más preciosas que España ha de conservar son las que la configuran como Estado de Derecho.