El estallido de violencia al que hemos asistido en Barcelona no es un hecho casual ni un episodio pasajero. Es algo que se veía venir desde que las autoridades de la comunidad catalana decidieron ponerse fuera de la legalidad con la pretensión de liderar un proceso sedicioso en contra de la Nación española.
Artur Mas y los petimetres que le acompañaron en esta intentona creían que, una vez abiertas las puertas de par en par a la ilegalidad, su liderazgo político iba a ser suficiente para mantener el movimiento independentista dentro de unos límites determinados. Nada más lejos de la realidad. Como estamos viendo en Cataluña, una vez iniciado un proceso revolucionario las autoridades legítimas quedan sobrepasadas, y si han sido cómplices bastardas en los inicios del proceso, todavía con mayor razón.
La llegada de la franquicia catalana de Podemos al ayuntamiento de Barcelona ha sido el factor que ha agudizado el fenómeno de la violencia callejera hasta su máxima expresión. De acuerdo con su trayectoria populista, la alcaldesa de Barcelona ha puesto en marcha desde el principio una batería de medidas antisistema que ha convertido a la capital catalana en el referente internacional de los movimientos radicales de toda laya y condición. La consecuencia, como ocurre cada vez que las autoridades se declaran insumisas con la legalidad, ha sido un estallido de violencia callejera con escasos precedentes en la Europa civilizada.
La última encuesta del CIS, lejos de mostrar una vuelta a la moderación del electorado catalán, pronostica una amplia victoria de los antisistema vinculados a Podemos. Desactivados los resortes que vinculan a la autoridad con el imperio de la ley y el orden público, los movimientos radicales que llevan los objetivos de esas mismas autoridades a su máxima expresión acaban liderando a la sociedad también en el terreno político.
La consecuencia es que, en estos momentos, la matriz de la formación política ya mayoritaria en Cataluña está muy cerca de ganar también las elecciones en el territorio nacional. Sus dos principales objetivos están muy claros: acabar con el Estado de Derecho y con la Nación española, los dos principales pilares de nuestra democracia. Esta es la ‘modernidad’ que Cataluña exporta al resto de España, un movimiento totalitario sin precedentes que amenaza la propia supervivencia de nuestro país como una nación unida, integrada por ciudadanos libres e iguales.