El presidente madrileño, Ignacio González, ha moderado algo sus lúcidas y valientes críticas del pasado lunes contra los "privilegios fiscales del País Vasco y Navarra" al asegurar este martes que bajo "ningún concepto" ha puesto en cuestión "el régimen de ambas comunidades". No obstante, pese a su "respeto hacia ese régimen especial que está reconocido constitucionalmente", ha recordado que "también está reconocido en la Constitución el principio de la solidaridad entre todas las regiones".
Es evidente que los cupos vasco y navarro constituyen un anacrónico y agraviante privilegio, y no deja de serlo por estar reconocido en la Constitución. También está claro que entran en contradicción con el principio de solidaridad interregional que igualmente recoge la Carta Magna.
Por lo demás, González ha sido muy claro al afirmar: "Los madrileños queremos ser solidarios pero no primos". Y es que una cosa es defender que el gasto y la inversión pública en cada territorio haya de ser exactamente igual al importe de los impuestos que pagan los habitantes de cada uno de ellos y otra muy distinta justificar, en nombre de una solidaridad mal entendida, el maltrato financiero que sufre la comunidad autónoma madrileña.
Según los cálculos de su Consejería de Economía, la balanza fiscal de la Comunidad de Madrid tendría un saldo negativo de 13.000 millones. González ha aclarado que no aspira a que esos 13.000 millones hayan de ir a los madrileños; pero lo que sí que reclama es que "los que aportan más no reciban nunca menos" de lo que recibe el resto de los españoles por habitante para la financiación de los servicios.
Las reivindicaciones del presidente madrileño y la utilización que hace de las siempre discutibles balanzas fiscales nada tienen que ver, afortunadamente, con las de un nacionalismo catalán que a lo que aspira es a un nuevo y privilegiado cupo o simplemente a la ruptura de España.
Además de abultar el desequilibrio fiscal de Cataluña, los nacionalistas incurren en una contradicción manifiesta al oponerse a la publicación de las balanzas fiscales catalanas; es decir, las que miden cuánto aporta cada provincia del Principado y cuánto recibe del Gobierno regional.
Según el exhaustivo informe que ha publicado Convivencia Cívica Catalana, Barcelona aporta mucho más a la caja común de lo que recibe en gastos. O lo que es lo mismo, Gerona, Lérida y Tarragona reciben un dinero que no les correspondería sobre la base de los impuestos que pagan. De hecho, la desproporción es incluso mayor que en las balanzas fiscales a escala española que publica la Generalidad (y que, recordemos, están manipuladas). Siguiendo la retórica de Artur Mas, podría decirse que el presidente regional desvía 19 euros de cada 100 que pagan los barceloneses. Y lo hace para sostener a las provincias donde CiU saca mejores resultados electorales.
Así es el nacionalismo. Habla de lo que España roba a Cataluña en función de unos delirantes criterios que luego no aplica para sostener que Cataluña roba a Barcelona. Defiende el derecho a decidir para que Cataluña se separe de España pero jamás reconocería ese derecho a una Barcelona o a una Tarragona que se quisiesen separar de Cataluña. Piden respeto a la diversidad en el seno de España pero la rechazan en el seno de Cataluña. Se queja de la centralización de uno de los Estados más descentralizados del mundo pero practican un centralismo autonómico que aniquila el poder local y provincial de ayuntamientos y diputaciones.
El nacionalismo, como la irracionalidad, el error y la mentira, carece de toda coherencia.