La disposición “antidescargas” de internet, incluida en el anteproyecto de ley de economía sostenible, es innecesaria, extemporánea y de más que dudosa constitucionalidad por cuanto afecta a un derecho fundamental como el de transmitir y recibir información libremente lo que, por su propia naturaleza, ha de ser regulado forzosamente mediante una Ley Orgánica aprobada en el parlamento por mayoría cualificada.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se dispone, una vez más, a menoscabar la libertad de los ciudadanos mediante una ley absolutamente disparatada. Salvo los grupos de presión de la izquierda española, no existe la menor “demanda social” que exija al Gobierno tomar cartas en este asunto. Zapatero utiliza el poder coactivo del Estado para beneficiar a aquellos que más se han significado en los ataques a su rival político y que, de esa forma, contribuyeron a llevarle a La Moncloa. No ha tenido ni el detalle siquiera de tener en cuenta la opinión de los expertos, basada en abundantísima jurisprudencia, según la cual no existe el menor delito en intercambiar archivos sin ánimo de lucro utilizando las nuevas tecnologías.

El Gobierno se retrata, además, utilizando una novedosa fórmula procesal para cerrar o cancelar páginas webs en el plazo récord de cuatro días, mientras que en asuntos que sí afectan realmente a los derechos de los ciudadanos la Justicia languidece convirtiendo en irreparables los daños provocados por delincuentes perfectamente identificados. Es fácil suponer la perplejidad que esta medida de Zapatero habrá causado, por ejemplo, en las familias que han visto sus viviendas asaltadas por ocupas y siguen tras largos meses impedidos de hacer uso de su propiedad sin que la administración de justicia sea capaz de restituirles en sus derechos legítimos. En la España de Zapatero se puede asaltar la propiedad ajena mediante la violencia y usarla al antojo durante meses, mientras que si se intercambia un fichero de mutuo acuerdo y sin que medie afán de lucro la Audiencia Nacional impondrá una dura sanción en menos de una semana.

La oposición, mientras tanto, se deja engatusar nuevamente en la vieja táctica socialista, consistente en poner sobre la mesa una barbaridad mayúscula, como la ocurrencia de la pobre ministra de Cultura de permitir a un órgano administrativo ordenar el cierre de una página de internet, para acto seguido atenuar el revuelo provocado suavizando los perfiles más escandalosos y dando una imagen de falsa moderación que el PP saluda como un triunfo de la sensatez. Lo que sucede, en última instancia, es que los aspectos sustantivos de la política de Zapatero permanecen inalterables, que es precisamente lo que un partido serio con aspiraciones de gobernar debiera impugnar por todos los medios a su alcance, en lugar de jugar a la abstención para intentar pasar desapercibido en la batalla.

Y como en la España actual cualquier coacción totalitaria tiene perfecto acomodo, es más que previsible que este ataque a los derechos fundamentales de los ciudadanos adquiera finalmente carta de naturaleza aunque para ello resulte necesario modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, de forma que el órgano encargado de perseguir el terrorismo y el narcotráfico tenga como competencia añadida la defensa de los intereses de Teddy Bautista y la banda de la ceja.

Por nuestra parte seguiremos muy atentos el desarrollo de esta normativa y los primeros casos de su aplicación práctica, entre otras cosas porque en los medios de comunicación distinguidos por su filiación de izquierdas se practica habitualmente la actividad que Zapatero y su recusada ministra de cultura se han propuesto prohibir. Es el caso de la web del diario El País, cobijo de un blog excelente que facilita los medios para localizar los sitios desde los que se pueden descargar las películas y series sobre las que sus autores realizan críticas cinematográficas.

Si es cierto que Zapatero quiere prohibir las descargas de internet de forma indiscriminada esperamos que comience por los medios más cercanos, pero no antes de ordenar el cierre inmediato de Google o Yahoo, a través de cuyos sistemas de búsqueda se pueden localizar con suma facilidad los enlaces para descargar todo tipo de archivos en la web.

A ver si el juez Garzón resuelve pronto los problemas judiciales en los que está inmerso por sus actividades privadas y nos brinda el espectáculo de ver a la justicia española intentando cancelar la página web más visitada del planeta. Será otro jalón excelente en las credenciales de Zapatero para presidir este semestre la Unión Europea