El Estado ejerce un monopolio de la violencia limitado a un territorio en concreto. Su labor policial queda por tanto restringida al interior de las fronteras que delimitan su jurisdicción, circunstancia que siempre ha sido de gran utilidad para los delincuentes de todo pelaje.
Especialmente graves son los casos en los que un Estado no sólo exhibe una completa indiferencia por los delitos cometidos en otro, sino que incluso decide convertirse en refugio más o menos declarado para los criminales. Tal fue el caso, por ejemplo, de la Francia de Valéry Giscard D'Estaing con respecto al terrorismo etarra.
Desde su nefasta presidencia, nuestra cooperación con el país galo fue mejorando poco a poco aunque sin demasiada decisión por su parte. En muchas ocasiones, el Ejecutivo francés parecía más bien ir a remolque del poder judicial –especialmente de la juez Laurence Le Vert– y, en otras, del desarrollo institucional comunitario –como con el caso de la Euro orden.
Sólo la llegada de Sarkozy al Gobierno galo, en 2002 como ministro del Interior y en 2007 como presidente de la República, pusieron fin definitivamente a la poca contundencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad franceses contra los etarras que tanto habíamos lamentado y padecido en España. Desde entonces, ambos países se han coordinado y cooperado para luchar contra ETA y, de hecho, la complaciencia hacia la banda y sus "hombres de paz" ha sido más bien atribuible a la politizada política antiterrorista del Gobierno español.
Con todo, siendo cierto que la cooperación leal de dos Estados puede disminuir las fricciones que existen en torno a la persecución internacional del crimen, no es suficiente con que se arbitren procedimientos para, por ejemplo, acelerar la extradición de terroristas. Las propias autoridades del país extranjero deben disponer de medios y tomarse en serio –y no como simples y lejanos trámites burocráticos– estos mecanismos de cooperación. Han de ver el crimen extranjero no como un problema foráneo sino –en tanto el delincuente se halla dentro de sus fronteras– como propio.
Desde luego, nuestro país no puede ir por el mundo dando lecciones de justicia rápida, eficaz y eficiente. Los retrasos judiciales, las chapuzas, las interpretaciones torcidas de la ley y la politización de nuestro tercer poder son unas lacras que padece España mucho más que el resto de Occidente. Pero aún así, y especialmente dentro del ámbito comunitario, no resultan admisibles errores como los protagonizados por el Tribunal de Apelación de París en relación con la etarra Maite Aranalde.
La justicia española reclamó a la francesa la extradición de la etarra por dos delitos, uno de tenencia de explosivos y otro de estragos terroristas. Sin embargo, la corte gala sólo ha respondido a la Orden Europea de Detención (OED) por el delito de tenencia de explosivos y no por el de la colocación de explosivos durante el puente de la Constitución de 2004. El motivo que alegan nuestros vecinos es que han perdido la documentación remitida en su momento por el juez Pedraz y que no creen que vayan a ser capaces de encontrarla.
Como consecuencia de ello, el juez Ismael Moreno –sustituto del Juzgado Central de Instrucción número 1, que tramitó la OED por delitos de estragos– no ha podido decretar la prisión incondicional para la etarra, teniéndonos que contentar con la prisión eludible bajo fianza decretada por Eloy Velasco –sustituto del Juzgado Central de Instrucción número 6, que tramitó la OED por tenencia de explosivos.
Así, Aranalde salió ayer de prisión tras abonar los 12.000 euros de fianza. Y como ya suele ser habitual en estos casos, se le han preparado para hoy homenajes que suponen toda una burla y afrenta a las víctimas, así como un fracaso parcial de una lucha antiterrorista integral.
A la justicia española sólo le queda la posibilidad de volver a solicitar la OED por estragos, enviando otra vez toda la documentación a París. Son pequeñas batallas como ésta las que no deben perderse de una forma tan ridícula y poco justificable. Con ello sólo conseguimos poner en evidencia las lagunas de unas instituciones públicas de las que se aprovechan los terroristas. En España por propios méritos habitualmente y estos días por rebote de Francia.