Si la dimisión de Aznar como presidente honorífico del PP nos ha hecho rememorar la orfandad en la que el partido de Rajoy ha dejado al electorado liberal-conservador, los últimos movimientos y declaraciones de los dirigentes de Ciudadanos nos llevan a plantearnos si la formación de Albert Rivera no habrá pasado de criticar el envilecimiento de los dos grandes partidos nacionales a mimetizarse con ellos.
La razón de esta advertencia no nace del hecho de que Ciudadanos forme parte de ese consenso socialdemócrata que en estos momentos lidera el Partido Popular y que se caracteriza por la condescendencia hacia el altísimo grado de presión fiscal y de gasto y endeudamiento públicos al que se somete a la sociedad. Nos parece completamente errado pero legítimo que Ciudadanos considere, como el resto de formaciones con representación parlamentaria, que el desequilibrio presupuestario se debe no al exceso de gasto público sino a la supuesta escasez de ingresos fiscales. Lo que ya no es legítimo es que pretenda vender esa mercancía averiada propia de la socialdemocracia bajo el pabellón del "liberalismo progresista".
Con todo, y aun desde el lamento, hay que reconocer que Ciudadanos no nació para ser una alternativa liberal al consenso socialdemócrata. Ni siquiera nació para ser una alternativa a la falta de democracia interna o a la corrupción que afectaba a las otras formaciones, sino para ser una alternativa al cada vez más débil compromiso de los dos grandes partidos con la Nación entendida como Estado de Derecho y a su letal condescendencia para con las formaciones nacionalistas.
Lamentable es que Ciudadanos haya últimamente arriado su bandera en aras de reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y de los miembros de los Altos Tribunales, como lamentable es su clamoroso silencio ante la gravísima vuelta de tuerca en el control político del sistema judicial que se pretende dar con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por la que la Fiscalía relevará al juez al frente de la instrucción penal.
Mucho más preocupante es que Ciudadanos forme parte de ese consenso que pretende destinar todavía más dinero a las despilfarradoras y sobredimensionadas Administraciones regionales sin que se acometa reforma de calado alguna del sistema autonómico. Una formación como Ciudadanos debería en estos momentos estar liderando la oposición a un Gobierno que no parece estar dispuesto a restablecer el ordenamiento constitucional en Cataluña y que hasta la fecha no ha informado de lo que piensa hacer para impedir que en el Principado se vuelva a perpetrar el año que viene una ilegal consulta secesionista como la de 2014.
Inexplicable resulta que una formación como Ciudadanos todavía no se atreva a romper el irresponsable, tácito y temerario consenso renuente, no ya a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, sino a que se condicione la financiación extraordinaria proveniente del FLA a un público acatamiento del orden constitucional por parte de unos mandatarios regionales que permanecen sublevados, impunes y bien financiados. ¿Y qué decir de su afónica pedagogía en contra del mal llamado derecho a decidir, o en contra del cada vez más extendido disparate que considera España una "nación de naciones"?
Desde hace meses, todas las encuestas pronostican que, en caso de celebrarse unas nuevas elecciones, la representación de Ciudadanos, aun siendo igual o un poco menor que la que tiene ahora, sería sin embargo decisiva para que el PP pudiera gobernar. Es imprescindible que Ciudadanos recuerde para qué nació y que proclame qué es lo que quiere cambiar, si no quiere morir en la irrelevancia.