La posibilidad de que el Gobierno permitiese a ETA presentarse a las elecciones, como le había permitido mantenerse en decenas de ayuntamientos vascos mal disfrazada de ANV, ha sido uno de los motivos por los que se ha reactivado la rebelión cívica de las víctimas del terrorismo en los últimos meses. Un temor que fue confirmado por la vergonzosa sentencia del Tribunal Constitucional, votada por cinco jueces de estricta obediencia socialista y otro al servicio del nacionalismo. Seis jueces que han demostrado una vez más que en nuestro sistema político no rige la separación de poderes, marca de fábrica de toda democracia que merezca tal nombre.
El PSOE será el principal responsable de que ETA permanezca en los ayuntamientos, disponga del censo para sus fines y reciba subvenciones del Gobierno por los resultados políticos que consiga. La agonía de la banda terrorista comenzó cuando por fin comenzaron a emplearse todos los instrumentos de los que podía servirse un Estado de Derecho para acabar con esta lacra. Sus brazos políticos empezaron a quedar fuera de las instituciones públicas, perdiendo el dinero que perciben por ello, en forma tanto de sueldos como de ayudas directas a los partidos políticos.
A cada paso de este camino se dijo que una gran parte de la sociedad vasca lo encontraría injusto, que ganarían simpatías y apoyos. Lo cierto es que no han hecho sino perder relevancia. Y ahora, cuando más cerca estamos del final, el Gobierno vuelve a insuflar oxígeno a una ETA cuyo único destino debiera ser el de desaparecer sin haber logrado ni una sola de sus reivindicaciones.
¿Qué camino puede quedar a las víctimas del terrorismo sino el de protestar ante la evidencia de que el Gobierno los considera ciudadanos de segunda? Este sábado hay que estar con las víctimas y en contra de un Gobierno y un Tribunal Constitucional a su servicio que ha vuelto a permitir que se aprovechen de la democracia quienes desean destruirla. Tenemos más razones que nunca.