Todos los medios de comunicación han dado gran cobertura a la espectacular operación policial en la que agentes de la UDEF han detenido este miércoles al alcalde de Granada, José Torres Hurtado, y a la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, junto a otras 15 personas más, entre conocidos constructores de la ciudad y altos cargos municipales, en el marco de una investigación de una trama de corrupción relacionada, presuntamente, con el caso Serrallo, una recalificación urbanística que permitió a una empresa privada levantar una discoteca en terrenos públicos.
No parece que la necesidad de evitar la comisión de un delito o la de evitar una posible fuga sean lo que haya justificado esta aparatosa y vistosa detención, como viene también a dejar en evidencia el hecho de que los detenidos, tras protagonizar la apertura de prácticamente la totalidad de los telediarios, hayan sido puestos en libertad sin fianza y con cargos que, si bien podrían ser los de prevaricación, tráfico de influencias o malversación de caudales públicos, no se conocen con exactitud, al haber decretado el juez el secreto de las actuaciones.
Para buscar y analizar documentos, así como para tomar declaración a posibles sospechosos, no hace falta detención alguna, sino que basta una simple orden de registro o una citación judicial como la que finalmente llevará a Torres Hurtado a declarar ante el juzgado el próximo 12 de mayo.
El Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP, sin siquiera reunirse, no ha decidido la apertura de expediente informativo alguno, sino que ha procedido directamente a suspender de militancia a Torres Hurtado, suspensión de la que el alcalde ha tenido conocimiento por los periodistas. En cuanto a Ciudadanos, ha roto toda relación con el PP y plantea incluso la posibilidad de presentar una moción de censura.
Resulta innegable el contraste que ofrece toda esta sobreactuación judicial y política en comparación con el exquisito trato que en otras ocasiones brindan la Justicia y los partidos a otras personas con muchos más motivos para estar bajo la sombra de la sospecha pero que, como bien ilustra no sólo el caso de Jordi Pujol, nunca han sido detenidas ni suspendidas tan fulminantemente de militancia como lo ha sido el alcalde de Granada.
Ojalá Torres Hurtado pague por todos sus delitos si efectivamente ha cometido alguno. El tiempo lo dirá. Pero lo que ya se puede decir es que Torres Hurtado ha sido condenado a una injusta pena de telediario, de la que no son responsables los medios de comunicación, sino los jueces y políticos que han montado el espectáculo. Y, desde luego, si esta circense como breve detención finalmente sólo sirve para desbancar a quien encabezó la lista más votada para gobernar el Ayuntamiento de Granada, habremos asistido a otra forma no menos grave de corrupción política.