El hijo menor de Jordi Pujol fue detenido este jueves por la Policía mientras los miembros de la Unidad de Delitos Económicos procedían a un registro en profundidad de su domicilio, en el marco de la causa que se instruye contra él en la Audiencia Nacional por delito fiscal y blanqueo de capitales. El hecho de que los agentes removieran la tierra del jardín y utilizaran perros adiestrados en la localización de dinero da una imagen sórdida del enriquecimiento brutal del clan del patriarca nacionalista, que se ha excavado a pulso un lugar en la historia local de la infamia. El nacionalismo se está revelando la corriente política más corrupta de Europa, por delante de los socialismos italiano y andaluz, que hasta ahora se antojaban inalcanzables.
Lo que se va conociendo de las actividades de Pujol y su familia es el mejor retrato posible del doble juego del nacionalismo catalán a lo largo de su historia reciente, en que el adoctrinamiento colectivo en el odio a España ha ido de la mano de una rapacidad alucinante. En una sociedad abierta, con medios de comunicación independientes y una Justicia desvinculada de las banderías políticas, difícilmente se podría haber llegado a la situación de podredumbre que ofrece la Cataluña actual. En cambio, una forma de gobierno en clave tribal, con todas las instituciones civiles controladas por el poder político y un presunto enemigo exterior al que culpar de los propios males es el caldo de cultivo para que los líderes actúen sin sujeción a exigencia ética alguna.
La manera en que los medios de comunicación catalanes han mirado para otro lado mientras la corrupción era un clamor inocultable se explica porque todos ellos dependen, directa o indirectamente, de los fondos de la Generalidad, lo que los convierte en beneficiarios de esa degradación colectiva. Otro tanto cabe decir de los órganos judiciales encargados precisamente de perseguir la corrupción política, cuyos responsables en Cataluña se han preocupado más de acosar a los medios nacionales que comenzaban a destapar los latrocinios nacionalistas que de cumplir fielmente con su deber.
Esto último es lo más preocupante, pues una Justicia ágil e independiente es la última garantía de que los políticos que traicionan la confianza de los ciudadanos van a ser castigados de forma ejemplar. En cambio, los órganos judiciales españoles no dejan de producir actuaciones que cabe tachar, cuando menos, de incomprensibles. Lo ocurrido este jueves con Oriol Pujol, que sólo fue retenido durante dos horas, se suma a todo un rosario de decisiones judiciales demasiado benévolas, dada la gravedad de los hechos que se investigan y la catarata de evidencias, a cuál más escandalosa, de las actividades corruptas del clan del ex Molt Honorable.
Esta laxitud de la Fiscalía es responsabilidad directa del Gobierno, del cual depende orgánicamente aquélla. La obsecuencia con que está tratando el caso Pujol convierte a los fiscales y al Ministerio de Justicia en agentes activos de un escándalo que está socavando gravemente la imagen que los ciudadanos tienen del Gobierno.
La misma severidad aplicada contra Luis Bárcenas, un presunto corrupto encarcelado con buen criterio hace más de un año, cabe exigir en el resto de casos de corrupción, empezando por los que tienen por objeto de investigación al tremendo clan Pujol.