Crónica de un fraude de ley anunciado

El 29 de marzo de 2004, con las Cortes Generales surgidas del 14-M todavía por constituir y la formación del nuevo Gobierno en fase inicial, el presidente de la Generalidad, Pasqual Maragall, hizo un solemne llamamiento a José Luis Rodríguez Zapatero desde el Consejo Nacional del PSC. Maragall instó al recién elegido presidente del gobierno español a que "no se limitara a administrar la continuidad constitucional" y llevara a cabo, por el contrario, "una nueva lectura de los textos fundamentales" y decidir "qué sigue vigente, qué estorba y qué hay que añadir a lo aprobado hace 25 años". Lo "aprobado hace 25 años" no era, ni es otra cosa que nuestra vigente Ley de leyes, la Constitución Española, aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, pero que el presidente socialista de la Generalidad, con el apoyo de los separatistas y socios de ETA en Perpiñán, quería y quiere dejar atrás, 25 años después, en pro de una "gran transformación política" que, según dijo entonces, "requiere el Estado español".

 

En esta línea, Maragall animó aquel día al recién elegido presidente del gobierno a emprender, "libre de las hipotecas del PP", una "construcción política y jurídica de lo que desde el principio de la democracia estaba en la mente del PSC y de la mayoría de los españoles". Así, Maragall no sólo animaba a Zapatero a superar la Constitución del 78 sino también el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo que, según Maragall, el PSOE, en la oposición y "limitado y obligado por la presión del PP", tuvo que firmar "para demostrar su fidelidad a España".

 

Ese día, el presidente de la Generalidad demostró, o bien una elemental ignorancia sobre el procedimiento y los requisitos legales para modificar nuestra Carta Magna, o bien tal estado de euforia y embriaguez –debido, sin duda, a la satisfacción por los recientes resultados del 14-M– que le llevó a pasar por alto que el consenso con el PP seguía, con todo, siendo necesario para cualquier modificación de nuestra Carta Magna, con independencia de lo que Maragall considerase que "falta" o "estorba" en ella.

 

Ciertamente "faltan y estorban" muchas, muchísimas cosas para que nuestra Ley de Leyes pueda dar cabida al proyecto soberanista que Maragall y sus socios separatistas tenían entonces en mente y ahora por escrito. De hecho, lo que "estorba" es la propia Constitución española del 78, y lo que "falta" es reconocer que el "estatuto" que el Congreso se dispone hoy a admitir a trámite es, en realidad, una Constitución Catalana.

 

Y es que hoy, ese proyecto de "gran transformación política" de la que nos hablara Maragall, no nos la presentan ni él, ni Zapatero, ni los separatistas como una propuesta de reforma constitucional sino, arteramente, como una simple reforma estatutaria, que ahora nos quieren hacer creer que no necesita ni "añadir" ni "suprimir" nada en nuestra Carta Magna. A diferencia de la reforma constitucional, la reforma estatutaria no necesita mayorías cualificadas, ni consulta en referéndum a los ciudadanos españoles, ni elecciones anticipadas.