El impecable recurso que la Abogacía del Estado ha preparado contra la declaración soberanista del Parlamento de Cataluña es una excelente respuesta al desafío que dicha cámara regional puso en marcha de forma oficial el pasado mes de enero.
Una respuesta impecable en lo jurídico, en la que destaca el reconocimiento, que casi nadie había hecho hasta el momento, de que la declaración tiene efectos legales y está en franca contradicción con una de las "cláusulas capitales" de la Constitución: la que se declara en el punto 2 del artículo 1, que "la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado".
Así, los abogados del Estado no dudan en hablar de "un desafío abierto contra la Constitución" y recuerdan oportunamente que "sólo una decisión de la soberanía del pueblo español podría reconocer de manera constitucionalmente válida la soberanía del pueblo de Cataluña".
Y si desafía este precepto y se obvia que la Constitución deja bien claro que no hay otra soberanía que la del pueblo español, para la Abogacía del Estado nos encontramos ante un "acto de poder constituyente" y, en suma, ante la atribución de un derecho de secesión que no tendría cabida en nuestro ordenamiento.
Como se puede ver, estos argumentos hacen que el recurso tenga también una faceta eminentemente política, que resulta totalmente necesaria y que ha sido muy bien armada por los técnicos jurídicos del Estado, pero que deja en evidencia la pobre respuesta institucional que se dio al desafío lanzado por el independentismo catalán.
Muy pocas voces en el Gobierno, en los partidos e incluso en los medios tuvieron la valentía de decir algo que era evidente: que una declaración de ese tipo aprobada por un Parlamento es mucho más que un brindis al sol, y que la respuesta no puede ser mirar hacia otro lado en silencio.
Esto es especialmente grave en el caso de un Gobierno que parece decidido a creer, o a intentar hacernos creer, que nada tiene que ver con la política: a las declaraciones de independencia sólo se responde desde instancias jurídicas; las decisiones en el campo de la economía parecen dictadas por ineludibles hados del destino; y las medidas adoptadas por Gobiernos anteriores no se pueden cuestionar o revisar.
Es, o quiere ser, un Gobierno sin políticos, algo especialmente difícil de comprender en un sistema, el democrático, que necesita de la política bien entendida. De hecho, tanto se necesita de la política que, como vemos, si no la hace el Gobierno acaban haciéndola dos esforzados, casi heroicos, abogados del Estado.
Y es que no meterse en política puede ser un buen consejo en boca de un dictador, pero no es una práctica recomendable para los más altos cargos de un partido... político.