Todavía nos podemos sorprender al ver cómo Mariano Rajoy parecería dispuesto a que quedasen impunes los delitos de desobediencia, usurpación de atribuciones, prevaricación y malversación de fondos públicos que entraña la ilegal consulta secesionista impulsada por el Ejecutivo de Artur Mas. Todavía nos puede alarmar también ver cómo los preparativos de ese carísimo e ilegal proyecto separatista no arrastra a la despilfarradora Administración regional catalana a la suspensión de pagos, sino que la hace privilegiada destinataria de la mayor parte de la ayuda procedente de los Fondos de Liquidez Autonómica. Lo que no nos debe extrañar, en absoluto, es que, a la vista de todo esto, el presidente nacionalista del Gobierno vasco, Íñigo Urkullu, se haya animado a resucitar el Plan Ibarretxe y a iniciar su propio proceso de transición nacional.
No otra cosa es el documento que el lehendakari acaba de presentar como compendio de las líneas maestras de la política que pretende seguir durante la actual legislatura, en la que pretende dotar al País Vasco de un "nuevo marco jurídico" y el soberanista "derecho a decidir". El lehendakari asegura que "aspira" a que a los ciudadanos "de todos los territorios vascos [lo que en la megalomanía nacionalista vasca incluye también a Navarra y el País Vasco francés] se les reconozca el derecho a decidir libremente sobre el grado y vínculo de relaciones que desean tener entre ellos, incluida la posibilidad de conformar un marco institucional unitario, si ésa es su voluntad mayoritaria".
Ya se cuidarán muy mucho los nacionalistas de llevar a la práctica estos delirios identitarios en territorio francés. Pero, a la vista de la irresponsable e insensata pusilanimidad de Rajoy, aquí sí nos debe preocupar este nuevo desafío a la Nación y a su legalidad democrática.
Téngase en cuenta que, además de la renuencia del presidente del Gobierno a enfrentarse política, jurídica y económicamente a los nacionalistas catalanes, la burla a la Ley de Partidos, que Rajoy parece asumir como inamovible herencia del zapaterismo, permite al brazo político de ETA presionar al nacionalismo gobernante en el País Vasco en pro de ese compartido "cambio en el marco jurídico político" por el que los pistoleros se avinieron a negociar con el Estado español su "alto el fuego definitivo".
Pese a que la fecha concreta para perpetrar el ilegal referéndum secesionista vasco no está en el documento presentado por el lehendakari, sí existe una fecha de referencia, el año 2015, que fue pactada de antemano con Artur Mas, en un encuentro que ambos mantuvieron el pasado mes de octubre.
Tiempo habrá de ver a dónde llegan, pero el caso es que con Rajoy los nacionalistas pincharon y notaron blando. No nos extrañe que sigan ahondando.