Que los terroristas utilicen el terror para lograr sus objetivos políticos es algo que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar la estrategia correcta para derrotarlos; tanto por lo que se refiere a la "política" como al "terror". En cuanto a lo primero, y como ya expusimos ayer, los criminales deben perder toda esperanza de que vayan a lograr contrapartida alguna por que dejen de quebrantar la legalidad; en cuanto a lo segundo, el Estado, a través de sus Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, debe prevenir y reprimir los atentados que a buen seguro tratarán de cometer los terroristas.

Para ello debe concentrar sus esfuerzos y sus recursos en la que debería ser una de sus principales finalidades: la seguridad interior. De acuerdo con la justificación más extendida sobre la legitimidad del Estado, el poder público se constituye para acabar con ese "estado natural" de la sociedad en el cual los hombres serían incapaces de resolver sus conflictos de manera pacífica y terminarían exterminándose entre sí.

Supuestamente, la sociedad renunciaría de este modo a su derecho a tutelarse a sí misma a cambio de que el Estado le proporcionara un canal para solventar sus disputas (los tribunales) y una defensa efectiva frente a las agresiones internas (la policía) y externas (el ejército). Por ello, la función primigenia del Estado, su raison d'être, sería proteger los derechos individuales de sus ciudadanos. El resto de competencias que ha ido asumiendo desde entonces, generalmente agrupadas en torno a un mal llamado Estado de Bienestar, no deberían centrar en modo alguno su actividad y presupuesto, sino en todo caso complementar ese núcleo duro de deberes que no puede desatender precisamente porque derivan de haber arrebatado a la sociedad su derecho a protegerse a sí misma.

Sin embargo, entre los Estados modernos son una minoría los que se preocupan por proveer a la ciudadanía de una justicia y una seguridad eficientes. Prefieren ir más allá de sus funciones e hipertrofiar el tamaño de la Administración, ampliando sus esferas de poder y de gasto a costa de las libertades y los bolsillos de los individuos. Y ello aun a costa de desatender, olvidar o marginar el cumplimiento de sus funciones esenciales.

En España esta inversión de funciones es más que evidente. Mientras el ejército, los cuerpos de seguridad y los juzgados padecen una insuficiencia flagrante de medios para desempeñar adecuadamente sus funciones, nuestros gobernantes –especialmente, aunque no exclusivamente, los de la izquierda– no reparan en gastos a la hora de crear ministerios de Cultura, Igualidad, Medio Ambiente o Vivienda (por nombrar sólo los más escandalosamente innecesarios) que son sólo una forma de quitarle el dinero al contribuyente para crear redes clientelares y financiarse así media campaña electoral.

Pues bien, de acuerdo con las últimas pesquisas sobre la preparación del atentado de Calviá, ETA colocó las bombas-lapa con temporizador el miércoles por la noche. Si los etarras pudieran actuar con tanta impunidad en frente de un cuartel de la Guardia Civil fue porque las instalaciones no contaban ni con cámaras de seguridad ni con vigilancia nocturna. Esto es, no estaban suficientemente protegidas ni preparadas para este tipo de eventualidades.

Por supuesto, la responsabilidad de los atentados es única y exclusivamente de los etarras. Pero también conviene tener presente, como dijo Burke, que "lo único que necesita el mal para triunfar es que los buenos no hagan nada". El desinterés de los políticos españoles por garantizar nuestra seguridad, paralelo a su creciente obsesión de convertirse en nuestras niñeras, comienza a ser preocupante, y cuando se trata de diseñar la lucha antiterrorista, en ocasiones, letal.

Si sabemos que ETA va a intentar atentar tanto como pueda mientras tenga esperanzas de que el Estado ceda a sus pretensiones, las Fuerzas de Seguridad no pueden bajar la guardia. Pero, obviamente, para que no bajen la guardia deben contar con los medios materiales suficientes para ello, tanto por lo que se refiere a la prevención de atentados como a la persecución de los criminales. No es admisible que un presidente del Gobierno pida a los agentes que "se protejan" de los asesinos cuando no disponen de los instrumentos para hacerlo, entre otras cosas porque la clase política a la que pertenece prefiere destinar los impuestos de los ciudadanos a todo menos a lo que debería. No necesitamos un Estado grande, sino un Estado eficaz, lo que normalmente significará un Estado pequeño pero bien preparado.

Y en el caso de la lucha antiterrorista, la fórmula eficaz para acabar con ETA es de sobras conocida pese a que muchos se nieguen a aplicarla: éxitos policiales y firmeza política. Por desgracia, en los últimos años nos hemos desarmado en ambos sentidos.