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EDITORIAL

Discriminación por ley

Toda discriminación legal, por mucho que se califique de "positiva", es una discriminación real contra otro colectivo y resulta por tanto injusta y atenta contra el artículo 14 de la Constitución.

El principal y razonable argumento propuesto contra la Ley de Paridad del Gobierno, que acaba de iniciar su trámite parlamentario, es que a partir de su aprobación se mirará a las mujeres situadas en listas paritarias, o en consejos de administración en los que se quiere imponer su presencia, con la perenne sospecha de que no están ahí por sus méritos. Tampoco se puede desdeñar el hecho de que toda discriminación legal, por mucho que se califique de "positiva", es una discriminación real contra otro colectivo y resulta por tanto injusta y atenta contra el artículo 14 de la Constitución.

Dado que estos argumentos son morales, éticos y legales, se les suele responder, mal, con otros del mismo género en sentido contrario. Quizá habría que preguntarse más si, además de todas estas consideraciones, leyes como las que propone el Gobierno van a servir además para algo. Otras legislaciones de discriminación positiva se han intentado en países tan dispares como la India, Nigeria, Estados Unidos o Malasia, con resultados poco prometedores, cuando no contraproducentes. Cabría concluir por tanto que no sólo es inmoral sino también inútil.

Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que permite a las empresas pagar menos a una mujer que a un hombre por el mismo trabajo al tener ésta menos antigüedad por los periodos de baja por maternidad, incide en la principal causa de que las mujeres cobren menos en general. En España, el 78% de los contratados a tiempo parcial son mujeres. A lo largo de 2004, por ejemplo, se retiraron del mercado laboral 379.500 mujeres frente a 14.500 hombres, es decir, el 96% del total. Sin entrar en si estos datos reflejan una costumbre cultural o son consecuencia de diferencias más profundas, lo que parece claro es que la distinta remuneración entre sexos tiene otras causas que no se reducen a la discriminación, y que posiblemente sean mucho más importantes que ésta. La ley socialista prefiere obviar este hecho e imponer su visión del mundo por la fuerza. Y eso sólo puede ser contraproducente.

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