Se escandaliza Gregorio Peces Barba de que Zapatero pretenda reemplazar a Tomás Gómez por Trinidad Jiménez como candidato a la Comunidad de Madrid. Pareciera como si el ponente constitucional no conociera el texto de la Carta Magna que él mismo ayudó a redactar, pues el escándalo no está en que Zapatero proponga a su ministra de Sanidad en perjuicio del ex alcalde de Parla, sino en que ninguno de los dos se haya sometido a un procedimiento democrático para reclamar la posición que ambos consideran como propia.

Dice el artículo 6 de la Constitución que la estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos "deberá ser democrático". Pero salvo excepciones puntuales, ningún partido en España lo es. Sólo hace falta comparar la viveza con la que se eligen a los candidatos en Estados Unidos (o incluso en otros países de nuestro entorno, como Inglaterra o Francia) para comprender la anomalía que representa la democracia española.

Las cúpulas políticas confeccionan "a dedo" unas listas electorales que para más inri son cerradas para los electores. De ellas salen los congresistas nacionales y autonómicos, los senadores, los concejales, el presidente del Gobierno y los presidentes autonómicos, el presidente del Congreso y del Senado, los alcaldes y concejales y, de manera derivada, todos los ministros, consejeros y subalternos, los miembros del Consejo General del Poder Judicial, los del Tribunal Constitucional y los del Tribunal Supremo (por nombrar sólo algunos de los cargos con mayor relevancia). En el fondo, pues, el poder reside, no en el pueblo, sino en los comités centrales de los partidos y, más aún, en sus líderes máximos. No está dividido, sino concentrado en muy pocas manos. No está controlado, sino que se ha convertido en controlador.

En la práctica totalidad de las situaciones, existe un universo de distancia entre la voluntad de los militantes y electores de los partidos y la configuración final de los órganos de poder. El caso del posible desembarco de Trinidad Jiménez y de Jaime Lissavetzky –o el mantenimiento de Tomás Gómez– como cabezas de carteles del Partido Socialista de Madrid es sólo un ejemplo más de cómo las bases son por completo ignoradas.

Otro, tan o más llamativo, podría ser el de Alberto Ruiz Gallardón. Con el paso de los años, el perfil socialista y populista del alcalde de Madrid no ha dejado de acentuarse, hasta el punto de insultar –a través de su correveidile– a compañeros de su partido y alabar a los de la formación presuntamente opuesta. Ayer, sin ir más lejos, se posicionó al lado de Rubalcaba y en contra de Jaime Mayor Oreja; posiblemente las personificaciones más claras de dos maneras de entender la política y la lucha antiterrorista: las intrigas y maniobras permanentes contra la ciudadanía y la democracia, la cesión ante el terrorismo y la negociación como moneda de cambio, frente al servicio del interés público y la lucha sin cuartel, dentro de la legalidad, contra ETA.

No hace falta ser un reputado analista político para darse cuenta de que la postura de Gallardón supone todo un insulto contra el militante y simpatizante medio de su partido, pese a lo cual el alcalde de Madrid tiene su sillón perfectamente asegurado gracias a la ausencia de primarias internas y de listas abiertas. El votante del PP se ve siempre obligado a ponderar entre el rechazo que le genera Gallardón y el apego que siente hacia su partido, balanza que suele inclinarse hacia la fidelidad partidista.

En caso de que tuviéramos una verdadera democracia, habría que ver dónde terminarían personajes tan mediocres, e incluso siniestros en algunos casos, como Zapatero, Rubalcaba, Tomás Gómez, Trinidad Jiménez, Lissavetzky o Gallardón. Aun siendo conscientes de que la mayor garantía para nuestras libertades es limitar el poder tanto como sea posible, es importante también fragmentar y dividir ese poder. No es una garantía de que, como temía Hayek, los peores no sigan llegando al poder, pero al menos sería un freno adicional a la tremenda arbitrariedad política y al desprecio hacia sus bases de muchos.