Recientemente se han producido dos hechos lamentables, que son síntoma de un mismo mal. Por un lado un articulista del diario de la Generalidad y de los grupos Planeta y Godó escribió un desafortunado artículo cargado de todas las maldades imaginables, y dedicado al ejército español. El título, Manual del buen golpista, podría llevar a pensar que estuviera dedicado a algún grupo contrario a la Constitución. Por desgracia son varios grupos los que tienen por objetivo dejar la Constitución en papel mojado, y no carecen de poder o influencia. Pero no. Estaba dedicado al Ejército. El texto es lamentable, pero peor es el claro insulto dedicado a los miembros de la familia militar. El autor ha escondido más tarde la mano, con la manida excusa de ser malinterpretado, pero después de haber lanzado la piedra, en la satisfecha confianza de haber hecho daño.
El otro hecho sintomático es el reciente intento de callar a un ciudadano. En nombre del nacionalismo y del socialismo, hicieron un eficaz resumen de dichas ideologías insultando y atacando al diputado popular Jorge Fernández Díaz, simplemente porque se disponía a expresar sus ideas ante un auditorio. No es un hecho aislado, solo tenemos que recordar los renovados ejercicios de totalitarismo de ambos signos, nacional y socialista, ante los actos del partido Ciudadanos de Cataluña; o la reunión de encapuchados frente a la cadena COPE, arropados por quienes preparan ya el camino para cerrarla en Cataluña.
Los socialnacionalistas quieren dar la vuelta a las cosas. Desean convertir en una natural normalidad los actos de vandalismo contra la libre expresión de las ideas y de las posiciones políticas. Puede pensarse que hay muchos grupos con este tipo de objetivos. Pero los socialnacionalistas lo hacen con un apoyo institucional poco disimulado. Como ejemplo, valgan los encapuchados frente a la COPE, que pedían llevar las opiniones expresadas en ella al cadalso. Acto seguido fueron recibidos en el Congreso por varios diputados de ERC. El objetivo es erosionar la normalidad institucional y sustituirla por una normalidad violenta, protorevolucionaria, impuesta por ellos. El insulto a instituciones básicas del Estado, como el Ejército, no es sino una pieza más de la estrategia. Como lo es el intento de acallar a los discrepantes.
La situación es en sí lamentable; pero resulta aún peor porque el Gobierno no se acuerda de su promesa hecha frente al texto fundamental, de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Es más, José Luis Rodríguez Zapatero parece sentirse cómodo en esta situación de relativa subversión de la normal vida ciudadana. En apenas dos años ha logrado hacer sentir a muchos españoles que el suelo que pisan no es firme, y que se puede derrumbar en cualquier instante, sea ello cierto o no. Esa sensación de inseguridad, de provisionalidad de unas instituciones con vocación de permanencia, es el ambiente deseado por los socios de este Gobierno, porque es el que les permitiría llevar a cabo sus últimos objetivos con una menor resistencia. Lo que necesitamos es justo lo contrario. Que el Gobierno cambie de rumbo, que defienda eficazmente el libre ejercicio de los derechos ciudadanos, que declare limpia y decididamente que no dejará un ataque contra las instituciones básicas del Estado sin una rotunda condena, y que transmita a los ciudadanos que pueden confiar en ellas porque el Ejecutivo las defenderá contra cualquier eventualidad. Pero ese cambio no se espera de este Gobierno.
