La última prueba, tal vez la definitiva, de que en la casta política madrileña no hay la menor voluntad de enfrentarse a la operación separatista organizada por el nacionalismo catalán es la alharaca con que se ha celebrado la eventual ruptura de Duran i Lleida con Artur Mas, un cadáver político aparcado desde hace décadas en el Parlamento nacional y otro a punto de desaparecer por el sumidero de la historia por sus propios méritos al frente de la Generalidad. El líder de un partido sin militantes y esencialmente corrupto como Unión Democrática de Cataluña es, según el Gobierno y los medios de comunicación afines a PP y PSOE, la gran esperanza de que el separatismo ponga fin a un proyecto secesionista que ya ha desbordado a sus principales protagonistas y que sigue cumpliendo etapas hasta la intentona final del referéndum previsto para el próximo mes de noviembre. A esto se reduce el compromiso político del Gobierno y del principal partido de la oposición para hacer frente a una operación política que busca destruir la nación española.
Duran ha representado siempre el rol de delegado del nacionalismo catalán en Madrid, dispuesto a llegar a pactos y acuerdos que matizaran las extravagancias levantiscas y la política liberticida de sus correligionarios en Cataluña. En los últimos tiempos este papel desempeñado por el político oscense ha adquirido una mayor relevancia a causa de la decisión de CiU de embarcarse en un proyecto secesionista que, digan lo que digan el Gobierno y su prensa afín, ya tiene muy difícil marcha atrás. En este contexto, la pintoresca figura política de Duran i Lleida ha emergido como el hombre de Estado capaz de llegar a un acuerdo que acabe con esta amenaza de secesión a cambio de aumentar los privilegios financieros, ya de por sí intolerables, de los que hace uso la casta política más inepta y, probablemente, más corrupta de todas las regiones europeas con permiso de Andalucía.
En esencia esta es la estrategia de Mariano Rajoy para solventar la asonada nacionalista catalana: comprar una nueva legislatura de calma política a cambio de esquilmar todavía más al resto de España, y después que pase lo que tenga que pasar. Desde esta perspectiva, el paso adelante de Duran y Lleida enfrentándose a los dirigentes de CiU se ve desde el Gobierno y su prensa afín como la acción decidida de un aliado poderoso. Sin embargo ni Duran i Lleida pinta nada en la política catalana ni, aunque su papel fuera relevante, lo que nunca ha sido, a estas alturas del proceso es factible ya desactivar todas las energías invertidas en la secesión. Ni siquiera con la introducción en fraude constitucional de un nuevo régimen fiscal, por ventajoso que sea para la peculiar clase empresarial catalana y la casta política que viven del esfuerzo del resto de España.
El desencuentro de Duran i Lleida con su socio de coalición a cuenta de la sucesión de la Corona y la radicalización del proceso de secesión no van a acabar con la deslealtad institucional del nacionalismo ni los planes para proclamar la independencia. Ante esta ausencia de un plan de la clase política nacional para regenerar la vida política en Cataluña y acabar con el régimen liberticida impuesto por el nacionalismo se impone ahora, quizás como última ratio, la acción decidida del sucesor del rey don Juan Carlos en el trono de España.
El gran error de Felipe VI, el que con seguridad marcaría indeleblemente su incipiente reinado, sería confiar él también en que las componendas con la clase empresarial catalana y políticos amortizados como el pobre Duran i Lleida van a conjurar las asechanzas con las que va a tener lugar su llegada al trono. La propuesta de reforma constitucional que el inquilino del Palace, avalado por un peculiar grupo de empresarios, se atrevió a presentar al príncipe es, por su contenido, una trampa que pone de manifiesto lo que estos personajes pueden dar de sí para fingir que intentan remediar un problema que ellos han contribuido decisivamente a crear. El reconocimiento de Cataluña como nación (vinculada protocolariamente al resto de España únicamente a través de la Corona), o la introducción de un nuevo régimen fiscal que expolie todavía más al resto de España en beneficio de la clase nacionalista, son dos medidas de tal obscenidad que no tienen parangón ni encaje en ningún país que quiera preservar su unidad territorial y la igualdad de todos sus ciudadanos, dos requisitos sin los cuales no es posible hablar de soberanía nacional o de Estado de Derecho.
Hasta ahora, las gestiones del príncipe en este asunto no han pasado de contemporizar con los enemigos declarados de la Nación española, tal vez presionado por los agentes políticos involucrados y su propio papel meramente subalterno. Como jefe del Estado tendrá ocasión de demostrar que ha comprendido el verdadero alcance de la operación separatista y de que va a ser capaz de estar a la altura de las circunstancias. Ese será el verdadero test para comprobar si don Felipe está realmente listo para ocupar el cargo para el que se ha estado preparando toda su vida.