Quien crea que la expulsión de ERC del gobierno catalán supone un lógico punto y final a la esperpéntica situación que se vive en aquella comunidad, que espere un rato. Para empezar, una "expulsión" que va acompañada de una oferta de continuidad de los equipos directores de los consejeros expulsados no es algo "serio", tal y como ha dicho Carod Rovira. Tampoco lo es, sin embargo, que tanto el dirigente de ERC como el propio Maragall dejen abierta la posibilidad de reeditar su alianza gubernamental tras el referéndum del Estatuto. Eso por no hablar de la candidatura del propio Maragall, bastante más incierta que el adelanto de las elecciones.
La mucho más probable alianza que se perfila entre socialistas y CiU, tanto en el parlamento autonómico como en el Congreso, sería la prueba del fracaso en el intento de integrar a los separatistas, si no fuera –claro está– porque el objetivo, en realidad, ha sido siempre dejar al PP como un proscrito, no sólo en Cataluña. A Zapatero le viene bien borrar el rastro del separatismo catalán ahora que le esperan los socios "vascos" del Club de Perpiñán. Dejemos, pues, de hablar de la "coherencia" de quienes, como los socialistas, "rompen" con los separatistas en Cataluña para disponerse a alumbrar un nuevo estatuto en el País Vasco con los no menos separatistas impulsores del Plan Ibarretxe.
Hasta el PP ha puesto su granito surrealista a la escena catalana, vistas sus nada realistas esperanzas en que la celebración de las elecciones en Cataluña –antes, y no después, del referéndum "estatutario"– sirva para salir del embrollo. Dice Acebes, con aparente lógica, que no se puede dejar en herencia al futuro gobierno de Cataluña un estatuto que ha llevado a la crisis al anterior. Sin embargo, ¿qué cree el PP que saldría de esas inmediatas elecciones catalanas como para pensar que el futuro gobierno rechazaría convocar el referéndum?
Puestos a mantener esperanzas, más valdría tenerlas en el malestar por el estatuto, sumado al no menos merecido malestar por la clase política catalana.