En una nueva muestra de ese giro liberticida que el gobierno de Zapatero ha impuesto a nuestras relaciones exteriores, la VIII cumbre hispano-marroquí se ha clausurado con el apoyo de Zapatero al plan "autonómico" para el Sahara Occidental, diseñado de forma unilateral por el monarca alauí para tratar de legitimar su ilegal y criminal ocupación. Este bochornoso alineamiento de Zapatero supone una ruptura tanto con lo que ha sido el tradicional consenso exterior de España respecto a la antigua colonia española como con las propias recomendaciones de la ONU, ambas favorables a la celebración de un referéndum.
Por mucho que nuestro gobierno haya tratado de presentar su servilismo ante el régimen de Mohamed VI como una muestra de "amistad" o como algo compatible con "el marco de Naciones Unidas", lo cierto es que Zapatero ni siquiera puede exhibir a cambio una verdadera oferta de colaboración por parte de Rabat en materia de inmigración, que no sean –claro está– las consabidas buenas intenciones.
En cualquier caso, la traición a la causa del pueblo saharaui, que la izquierda española hasta hace nada defendía con tanto o más ardor que la derecha, resulta ahora especialmente repugnante, si tenemos en cuenta que nuestra Audiencia Nacional acaba de pedir que se investigue a altos cargos de Marruecos por las matanzas producidas en el Sahara desde 1975 hasta nuestros días. El que sean pocas las posibilidades de prosperar esta denuncia, presentada en septiembre por varias asociaciones humanitarias, debido a los previsibles obstáculos para que un tribunal juzgue hechos acaecidos en la jurisdicción de otro, no impide la reprobación moral y política de las infames alianzas que este Gobierno ha establecido dentro y fuera de nuestras fronteras.
