El buen resultado electoral que han cosechado las filiales de Podemos a nivel municipal, con Manuela Carmena y Ada Colau a la cabeza, ya se ha traducido en la paralización de inversiones en Madrid y Barcelona, así como en una preocupante incertidumbre política, cuya factura será, sin duda, muy onerosa conforme se prolongue en el tiempo. El saneamiento del sector inmobiliario y el favorable contexto de crecimiento y creación de empleo que se venía registrando en los últimos trimestres podría sufrir un cortocircuito en caso de que el auge electoral del partido que lidera Pablo Iglesias vuelva a subir en las encuestas de cara a las próximas elecciones generales.
Por el momento, la mera opción de que puedan hacerse con las alcaldías de Madrid y Barcelona ha levantado, como es lógico, el nerviosismo entre inversores y empresarios, con el consiguiente freno de importantes proyectos para la generación de riqueza y empleo, a la espera de lo que pueda pasar a corto plazo. No es de extrañar si se tiene en cuenta que los programas de Carmena y Colau constituyen un compendio de absurdos e inútiles despilfarros públicos, abusivas subidas fiscales y, sobre todo, un ataque directo contra la propiedad privada y la seguridad jurídica.
Por un lado, Ahora Madrid tiene la firme intención de suspender todos los proyectos urbanísticos en marcha, comprometiendo así decenas de miles de puestos de trabajo en la construcción, justo en el momento en el que sector inmobiliario empezaba a levantar cabeza. Además, pretende impagar la deuda municipal, cuya cuantía supera los 5.000 millones de euros, en una flagrante violación de la ley, más allá del importante agujero que podría acabar causando a los bancos españoles. Por si fuera poco, aspira, igualmente, a recuperar los servicios municipales externalizados, con el consiguiente coste en términos de ineficiencia y aumento del gasto público. Sin embargo, lo más preocupante es el nulo respeto a la propiedad privada que desprende todo el proyecto de Carmena, ya que pregona la paralización indiscriminada de desahucios y la imposición de fuertes sanciones a los pisos vacíos, entre otras muchas perlas de nefastas consecuencias a nivel económico y jurídico.
Por otro lado, la plataforma de Ada Colau, Barcelona en Comú, le ha declarado la guerra al sector turístico, auténtico motor de la Ciudad Condal, mediante la paralización de todas las licencias de actividad, la imposición de nuevas tasas y una fuerte restricción de la actividad comercial. Si a ello se suman los cambios que pretende llevar a cabo en el ámbito del orden público, con la eliminación de los Antidisturbios y la legalización de la okupación, el panorama que pinta Barcelona resulta muy preocupante.
Habrá que ver si, finalmente, Podemos se hace o no con el control de ambas ciudades, pero la simple posibilidad de que gobierne es una pésima noticia para el interés de sus ciudadanos y, especialmente, para el conjunto de la economía nacional. La implementación de su profundo ideario colectivista asestará un duro golpe al crecimiento de Madrid y Barcelona, pero el impacto que sufrirá la imagen exterior de España será mucho mayor en caso de que esta terrible radicalización política no logre corregirse en los próximos meses. Los extremismos siempre pasan una elevadísima factura, y el caso de Podemos, tanto en Madrid y Barcelona como a nivel general, por desgracia, no será diferente.