El mismo día que el gobierno en funciones de Cataluña ha hecho un corte de mangas al Gobierno central anunciando la creación de un impuesto sobre los depósitos bancarios que Montoro supuestamente quería evitar, CiU y Esquerra han sellado su acuerdo de legislatura sobre el firme compromiso de perpetrar su ilegal referéndum secesionista en 2014. A ello hay que sumar que no hace ni una semana que el gobierno catalán, con el apoyo de todas las formaciones nacionalistas y el PSC, declaró solemnemente su determinación de desobedecer la ley promovida por el ministro Wert que, en acomplejada concordancia con numerosas sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, pretendía que los niños también pudieran estudiar en español en Cataluña.
Ante este panorama, no menos bochornoso y mucho más surrealista nos resulta presenciar al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, garantizando una "actitud constructiva" hacia este Gobierno en rebeldía, al que ha asegurado su "total disposición a la colaboración". Se dirá que la ayuda ofrecida por el presidente del Gobierno al Ejecutivo catalán no va dirigida a los nada disimulados proyectos de rebeldía y desobediencia de Mas, sino, como Rajoy mismo ha dicho, a "la recuperación económica y la creación de empleo". Pero brindar apoyo a un Gobierno autonómico omitiendo lo que éste pretende hacer y tratándolo como si fuera distinto de lo que es no hace mejor la afirmación del presidente del Gobierno. Simplemente resulta más cínica.
Aun si CiU no hubiera llegado finalmente a un pacto con una formación como ERC; aun si Mas hubiera renunciado a su ilegal consulta secesionista; aun si CiU hubiera dado el más mínimo síntoma de dar prioridad a la recuperación económica en detrimento de sus ilegales y despilfarradores delirios identitarios, todavía nos parecería precipitado ofrecer una "total colaboración" a una formación que bien se merecería una cuarentena para constatar la veracidad de estos hipotéticos propósitos.
Pero cuando lo que CiU nos ofrece, de palabra y obra, no es ninguna recogida de velas –tal y como algunos esperaban tras su batacazo electoral–, sino la firme determinación de seguir adelante contra nuestra nación y nuestro Estado de Derecho, las surrealistas palabras de Rajoy nos llevan a dar la razón al socialista Montilla cuando reprocha al presidente que "menosprecie" un grave problema que "lejos de haber pasado, no ha llegado todavía".
Y es que, por mucho que no consideremos que la solución a este problema sea ese pseudofederalismo que Montilla propone, no nos deja de alarmar la irresponsable actitud de Rajoy, quien, por no tener que enfrentarse a los nacionalistas, los presenta como si fuesen distintos y mejores de lo que realmente son.
Lo más grave de todo es que el proyecto de ruptura de CiU-ERC necesita apoyo del Gobierno central, aunque sea en forma de omisión del deber de hacer cumplir la ley, y de mucha, mucha financiación. Rajoy en parte ya se lo ha brindado, no sólo negándose a hacer lo que hizo Aznar ante el desafío de Ibarretxe –dar un tratamiento legal más severo y específico a la comisión de consultas ilegales–, sino borrando del horizonte toda consecuencia penal para sus convocantes, quienes bien podrían ser disuadidos con la legislación que, para el resto de los mortales, sí castiga los delitos de rebeldía, desobediencia o prevaricación.
No menos estimulante para los nacionalistas ha sido la disposición de Rajoy a dejar en papel mojado la Ley de Estabilidad Presupuestaria y cerrar los ojos ante el incumplimiento de la Generalidad en lo que a objetivos de reducción del déficit se refiere. Por no verse obligado a intervenir, Rajoy ya se ha fundido, en beneficio del Gobierno secesionista de Mas, la mayor parte del primer Fondo de Liquidez Autonómica.
El tiempo dirá si el presidente del Gobierno de España sigue cometiendo a favor de Mas este pecado de omisión en el ámbito jurídico y facilitándole esa ayuda financiera. De lo que podemos estar todos seguros es de que si Rajoy facilita de nuevo las cosas a este Gobierno secesionista lo justificará sobre la base –claro está– de la "necesidad de la recuperación económica y la creación de empleo".