Con su llegada a las alcaldías de Madrid y Barcelona, la extrema izquierda sin vergüenza se ha lanzado a atacar la propiedad privada. Véase en la Ciudad Condal el caso del chantaje con el que Ada Colau pretende resolver la cuestión de los pisos turísticos ilegales, a los que castigará con expropiaciones de uso o multazos de 15.000 euros.
Algo parecido ocurre en Madrid, donde Manuela Carmena gobierna rodeada de antiguos cabecillas okupas. Como explicó en su momento Libre Mercado, al menos tres concejales de Ahora Madrid (Guillermo Zapata, Celia Mayer e Ignacio Murgui) han participado en acciones de estos colectivos que tantos quebraderos de cabeza han causado a los vecinos de la Villa y Corte.
Consumado el acuerdo de gobierno que dejó a Esperanza Aguirre fuera de la Alcaldía, no faltaron quienes afirmaron que Manuela Carmena sería capaz de contener el radicalismo de sus colegas. Sin embargo, en estos primeros meses de gobierno está demostrando todo lo contrario.
El ejemplo más reciente lo tenemos en su decisión de ceder espacios públicos a los okupas. Premiando a quienes asaltan propiedades ajenas, Carmena se pone del lado de los delincuentes y de espaldas a la ley. Para los millones de españoles que pagan mes a mes sus hipotecas o sus cuotas de alquiler, lo que ha hecho la alcaldesa de Madrid es una afrenta en toda regla.
No está de más señalar, por otro lado, que el apoyo que el PSOE dio a Manuela Carmena fue imprescindible para que estos nuevos ultras antisistema tomaran el poder. Por tanto, la imagen de moderación que pretende transmitir Pedro Sánchez no es más que una máscara similar a la que exhibía el talantudo Zapatero, cuya aparente amabilidad resultó ser una excusa perfecta para avanzar una agenda política de lo más radical.
La historia se repite, ahora en la capital y con una exjueza recompensando a delincuentes por sus transgresiones.