¿Se imaginan los lectores la inmensa cobertura mediática y el rasgamiento de vestiduras en las filas de la oposición si un subdelegado del gobierno en tiempos del PP hubiera sido detenido por la Policía acusado de cohecho, prevaricación y falsedad documental en favor de la mafia rusa?
Pues tal es el caso de Eduard Planells, subdelegado del gobierno de Zapatero en Barcelona, detenido el pasado lunes, sin que hasta la fecha nadie haya asumido responsabilidades políticas ni se le haya prestado la atención mediática que un caso de corrupción tan grave como este sin duda merece.
Claro que, para dobles varas de medir, tampoco podemos dejarnos en el tintero la sorprendente puesta en libertad sin fianza de Planells que, tras tomarle declaración, ha decretado el juez de Andreu de la Audiencia Nacional a pesar de mantener todos los cargos contra el imputado. Una decisión judicial que contrasta con la severidad aplicada en otros casos que han tenido gran relevancia pública en los últimos meses, como los 100.000 euros de fianza impuestos al alcalde de Alhaurín el Grande, los 150.000 euros que tuvieron que pagar cada uno de los dos policías encarcelados por el juez Juan del Olmo por haber hablado con un periodista de El Mundo o los 90.000 euros de fianza que tuvo que pagar la tonadillera Isabel Pantoja. El riesgo de fuga no era mayor en estos y en otros muchos otros que lo que lo es en el caso de Planells, con la diferencia añadida de que los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción, que registraron la nave en la que se guardaban los expedientes de extranjería, ya han "echado en falta" documentos en los que figuran datos de empresas, contratos y fotografías que podían incriminar al subdelegado.
El Partido Popular ya ha pedido la dimisión del delegado del Gobierno, Joan Rangel, y explicaciones al Ejecutivo de Zapatero en el Congreso. Es lo mínimo, vista la absoluta falta de control interno y las escasas y contradictorias explicaciones dadas por Rangel. Hay que tener en cuenta, en este sentido, que la primera fase de esta operación anticorrupción se practicó en 2005 y ya entonces se conocieron los primeros indicios de la posible implicación de Planells en una trama de expedición de permisos de residencia fraudulentos a ciudadanos ruso-georgianos. Fuentes de la Guardia Civil aseguran que "el Gobierno sabía a la perfección que Planells llevaba tiempo siendo investigado por todos los Cuerpos de Seguridad, incluido el CNI", por lo que todo este escandaloso y gravísimo caso no se puede zanjar exclusivamente con las responsabilidades penales en las que haya podido incurrir este supuesto cargo de máxima confianza del gobierno. A no ser, claro está, que el Gobierno de Zapatero quiera darnos una nueva muestra –una más– de lo que entiende por "regeneración democrática" y "tolerancia cero contra la corrupción".
