Una de los solicitudes más escandalosamente desatendidas durante la instrucción del "caso Faisán" hasta que, recientemente, se ha hecho cargo de la misma el juez Pablo Ruz, fue la planteada por la acusación popular ejercida por Dignidad y Justicia, consistente en identificar a los usuarios de los tres teléfonos del Ministerio del Interior que comunicaron durante los días previos y posteriores al 'chivatazo' con dos de los mandos policiales imputados en la causa. Gracias a un auto en el que el juez Pablo Ruz ha ordenado que se practiquen dichas identificaciones, se ha sabido que el usuario de uno de esos teléfonos es, nada más y nada menos, que el del secretario de Estado y número dos de Interior, Antonio Camacho.
Semejante noticia no viene sino a reforzar la lógica y fundamentada sospecha de que el delito de colaboración con banda armada y el de revelación de secretos perpetrado en el bar Faisan se debió a una orden procedente de las más altas instancias del Ministerio de Interior: al presumible interés del Gobierno por evitar detenciones que pudieran desbaratar las negociaciones con la banda, se suma el hecho de que ese mismo Gobierno había redactado unos informes que verificaban un supuesto compromiso de ETA de incluir en su alto el fuego actividades terroristas tales como la extorsión o el rearme mediante robo de explosivos.
Lo cierto, sin embargo, es que la banda terrorista jamás se comprometió a incluir en su alto el fuego el cese de dichas actividades, tal y como fácilmente se puede comprobar leyendo sus chantajistas comunicados de tregua de aquella época. Lo cierto, también, es que veinticuatro horas después de su primer comunicado de tregua, y coincidiendo con el segundo comunicado en el que los terroristas insistían en negar el carácter democrático a los Estados español y francés, y en exigirles que no pusieran al "proceso soberanista" ningún tipo de "injerencias ni limitaciones", la banda cometía un robo de explosivos en Francia. Lo cierto, asimismo, es que, muy poco tiempo después, empresarios navarros y vascos empezaron a denunciar que les seguían llegando cartas de extorsión de ETA, de las que el Gobierno y el PSOE o bien decían "no tener constancia", o bien las atribuían a un envío anterior al comunicado de "alto el fuego". Lo cierto es que, en una entrevista publicada en Gara poco tiempo después, los propios etarras justificaban esas cartas de extorsión por "razones de financiación" a las que no renunciaban ni siquiera temporalmente.
Con todo, el Gobierno no estuvo dispuesto a que semejantes hechos pulverizaban ese falso espejismo de paz al que tanto había apostado: las silenció tanto como centró la atención pública en unos supuestos "informes de verificación" que tramposamente acreditaban el cese total y absoluto por parte de ETA de cualquiera de sus actividades terroristas. El máximo responsable de la elaboración de dichos falsos informes no era otro que el actual secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho.
Veremos si el descubrimiento de que los imputados en la causa estuvieron en contacto directo con la cúpula de Interior, antes y después de que supuestamente perpetraran el soplo policial a los "recaudadores" de ETA, provoca nuevas imputaciones. Pero, al margen de ello, es evidente que, por el más elemental sentido de la responsabilidad política, ni Camacho ni Rubalcaba deben seguir siendo los maximos responsables de la política antiterrorista, dada la creciente sospecha de haber sido unos de sus máximos traidores.