Un acertado discurso de Rajoy, que tanto podría compartir la inmensa mayoría de los españoles, ha acompañado al parlamento a los más de cuatro millones de firmas que solicitan que se celebre en toda España un referéndum a propósito del estatuto soberanista catalán. A pesar de ser la iniciativa más respaldada de la historia de nuestra democracia, "el Gobierno del diálogo" –tal y como ha señalado Rajoy–, no le ha dedicado más de cinco minutos para rechazarla.
Tras esta previsible muestra del "talante" de este gobierno, Rajoy ha anunciado que "no da el asunto por terminado" y se ha comprometido a que "el primer punto del programa electoral", con el que se presente a las próximas elecciones, "será confirmar que España es una nación formada por ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes".
Ya consideramos en su día que la iniciativa de la recogida de firmas, "al margen de alejar las tentaciones acomodaticias y suicidas que todavía pueden llevar a pique al PP, debe ser una nueva fuente de compromiso para seguir dando la batalla política en todos los ámbitos".
Ahora bien. Si aplaudimos esta nueva iniciativa electoral de Rajoy, conviene recordar, en este sentido, que mucho antes de las próximas elecciones generales, al PP le aguardan otras batallas que librar, como es el referéndum en la propia Cataluña y el no menos comprometido recurso del PP ante el Tribunal Constitucional. De hecho, son estos dos ámbitos, y no unas nuevas elecciones generales –por muy mayoritaria que fuese la victoria del PP–, los que pueden impedir que se consume esta fraudulenta iniciativa que, de forma tan clara, quiebra el consenso y los fundamentos de la Constitución Española.
Bien sabemos lo adormecida y neutralizada que está la sociedad civil catalana por la casta nacionalista que constituyen sus elites políticas y mediáticas; como también sabemos lo mermada que está la independencia del poder judicial desde que, al grito de "Montesquieu ha muerto", se estableció un sistema de designación política de sus miembros.
Ahora bien. Hay momentos en que no hay mas remedio que apostarlo todo a la esperanza, a la esperanza sin la cual no se pueden acometer las más arduas tareas: esperanza en que el malestar catalán por el patético espectáculo del tripartito se sume al malestar por un estatuto que, afectando a toda España, perjudica sobre todo a Cataluña. Y esperanza –obligada esperanza, si decimos defender a España también como Estado de Derecho– en que la merma de la independencia judicial, inaceptablemente heredada del felipismo, no llegue ahora al extremo de la prevaricación. ¿Cómo, si no, habríamos de llamar al hecho de que profesionales del Derecho –en este caso, los magistrados del Tribunal Constitucional– llegaran a aceptar al "pulpo como animal de compañía", tal y como pretende que interpreten el gobierno del 14-M y todos los que fingen que el estatuto soberanista catalán es acorde a la letra y al espíritu de nuestra Ley de Leyes?
No perdamos, pues, la esperanza. Ni en los ciudadanos, ni en los magistrados, ni en que Rajoy sea fiel a un compromiso que no se ha de interrumpir, sino mantener al margen de cualquier convocatoria electoral.