El Congreso, en defensa de los contribuyentes

A pesar del acuerdo alcanzado entre los líderes del Congreso de EEUU y la Casa Blanca, la Cámara de Representantes, por 205 votos a favor y 228 en contra, ha rechazado el "plan de rescate" financiero del presidente Bush que preveía un gasto de 700.000 millones de dólares a cargo de los contribuyentes para la compra a los bancos de "activos contaminados" por las hipotecas basura (subprime), para así poder mantenerlos fuera de sus balances hasta que la economía se recupere.

Por "muy decepcionado" que Bush se haya sentido tras la votación, ni a él ni a nadie debería sorprenderle este rechazo –que en el caso republicano asciende a más de dos tercios de los congresistas de este partido–, pues conecta con un importante sector de la ciudadanía que no está dispuesto a que sean los contribuyentes los que paguen la irresponsabilidad de las mayores empresas financieras. En este sentido, que la libertad económica "significa libertad para tener éxito y libertad para fracasar", tal y como afirmado el representante por Indiana, Mike Pence, es una idea que forma parte de las convicciones más arraigadas del ciudadano norteamericano, dado que está en la médula del sistema sobre el que han edificado su nación.

Algunos dirán, no obstante, que la crisis es de tal envergadura que la "socialización de las perdidas" será igualmente inevitable, pues la quiebras que no evitará el "plan de rescate" a cargo del contribuyente generarán un efecto tsunami de tal envergadura que tampoco distinguirá en sus devastadoras consecuencias entre "justos y pecadores". A este respecto, podemos admitir que la irresponsable expansión crediticia que no ha tenido su base en un ahorro real (sino en el poder de los bancos centrales para bajar artificialmente los tipos de interés) y que por ello está en el origen de la crisis, también ha beneficiado indebidamente a una infinidad de ciudadanos que no se han comportado de manera responsable.

Sin embargo, lo que ningún plan de rescate va a poder evitar es el hecho de que la economía tiene que purgar –y no endosar a todos los contribuyentes­– los excesos inducidos por una política intervencionista, que ahora trata de arreglar el desaguisado que ha generado con aun más intervencionismo. Para muchos congresistas, ya no se trata solo de salir en defensa del contribuyente, sino también de defender la convicción de que es preferible que los negocios ilegítimos quiebren más rápidamente que con un plan de rescate que, en realidad, no iba a liquidar de forma ajustada las distorsiones que se han dado en la estructura productiva. Hacer pagar a todos por igual puede perpetuar, agravar y, sobre todo, extender el problema, por mucho que, a corto, parezca aliviar la situación.

En cualquier caso, Bush parece decidido a sacar adelante su "plan de rescate" de la economía que, a día de hoy, todavía es visto por la mayoría de los congresistas como un mecanismo para endosar al contribuyente toda la podredumbre de un sistema financiero que, a pesar de las apariencias, no opera con esa libertad económica que implica –o debería implicar– "libertad para tener éxito y libertad para fracasar".