Tras más de quince años al frente de la Xunta de Galicia, otros tantos dirigiendo con mano firme el principal partido de la oposición y una larga vida entregada a la cosa pública, Manuel Fraga, a quien ha llegado la hora definitiva de la jubilación, no es un político fácil de sustituir. Y no sólo por su personalidad, arrolladora y magnética como pocas, sino por el peculiar y personalísimo modo que ha tenido de entender la política activa. Desde hace lo menos una década se viene hablando del delfín de Fraga sin que nadie, hasta la fecha, haya conseguido ponerle nombre y apellidos. Se han barajado muchos y acaso sea Cuiña el que más veces aparecía en las quinielas, pero lo cierto es que ninguno de sus hombres en la Xunta ha tenido el suficiente peso como para postularse como el heredero indiscutible del gran padrino de la derecha española.
La nueva etapa política que se ha abierto en Galicia tras el pacto de gobierno entre nacionalistas y socialistas ha venido a acelerar una decisión que se tenía que haber tomado hace tiempo. Esto, que para el Partido Popular gallego es una oportunidad, constituye un también un riesgo de división interna que debe evitar a toda costa. Al calor de tres lustros ininterrumpidos de poder y de las tres mayorías absolutas encadenadas, el PPdeG se ha habituado a vivir bajo el paraguas de un político invencible en las urnas y cuya autoridad puertas adentro era incuestionable. Estos tiempos han terminado. Fraga, con 78 años a sus espaldas, puede constituir un referente moral y doctrinario pero el PP gallego del mañana tiene la responsabilidad de reconstruirse en torno a un nuevo liderazgo. Un nuevo liderazgo que sepa administrar los 37 escaños en el Parlamento regional y que sea consciente de que el PP es, con diferencia, la formación política más votada de Galicia.
En estos momentos de cambio, en los que lo viejo ha desaparecido y lo nuevo aun no ha nacido, muchos partidos caen en la tentación cainita de repartirse los restos. No ha de ser el caso en el PP de Galicia. Su patrimonio de votos es, como ya hemos apuntado arriba, excepcional. Pero no sólo eso. El Partido Popular es, a día de hoy, la única formación gallega que tiene una idea de Galicia clara y el encaje de ésta dentro de la España constitucional. No se puede decir lo mismo de la coalición gobernante, una mezcolanza entre socialistas ávidos de poder tras una larguísima travesía del desierto y nacionalistas de corte irredentista cuyo objeto primordial es que el Estatuto de Galicia se convierta en un trasunto del catalán. Aquí el PP tiene mucho que decir y mucho más que hacer. Los planes de gobierno del binomio Touriño-Quintana no distan demasiado de los del tripartito catalán y se resumen en lo siguiente: despilfarro a granel y desestabilización de la región para ponerse en pie de igualdad con catalanes y vascos. Frente a ello, frente a la catalanización de Galicia, el PP gallego, mucho más fuerte que el del País Vasco o el de Cataluña, tiene la obligación de plantarse y fiscalizar sin tregua al gobierno regional. Pero eso sólo lo podrá hacer si permanece unido y representando a esa mayoritaria parte de la sociedad gallega que confió en sus candidatos el pasado 19 de junio.
El desafío es, por lo tanto, doble. En casa y en el Parlamento, en las sedes municipales y en los ayuntamientos. Si a esto le acompañan un programa sensato, centrado en los ciudadanos, en el respeto a la Constitución, en la promoción de las libertades individuales y en la generación de riqueza, el equipo que se presente a las próximas elecciones a Xunta puede, debe ser imbatible. De ellos depende que la primera fuerza política de Galicia se hunda en el marasmo o, por el contrario, reconquiste la presidencia en los próximos comicios.
