Antena 3 acaba de publicar unas fotografías del etarra José Ignacio de Juana Chaos paseando el pasado día 11 por un centro comercial de Venezuela. No es la primera vez que se tiene constancia del paradero de este terrorista, supuestamente prófugo de la Justicia desde que en 2008 aprovechó la libertad condicional concedida por el Gobierno de Zapatero para darse a la fuga: ya en agosto de 2012 el diario El Mundo denunció que este terrorista se encontraba en el referido país sudamericano junto a Irati Aranzábal –la joven con la que fue sorprendido en la ducha durante la supuesta huelga de hambre con la que consiguió su libertad condicional– y que estaban a punto de ser padres. En enero del año pasado el diario La Razón publicó que un empresario español había denunciado a Interpol y al consulado español en Puerto La Cruz (Venezuela) que a finales de diciembre de 2012 se había cruzado con el etarra en un centro comercial de la localidad venezolana de Lechería.
Pues bien, esta es la hora en la que el Gobierno de Rajoy sigue sin presentar una demanda de extradición de este etarra, supuestamente perseguido, y sin dar una explicación de por qué no lo hace. No faltarán quienes quieran excusar semejante comportamiento alegando que el régimen venezolano simpatiza con los etarras, a los que ha dado muchas veces cobijo. Pero esto, siendo cierto, valdría para explicar la no concesión de la extradición por parte de Caracas, pero en ningún caso la no solicitud de la misma por Madrid.
Existe, por otra parte, un caso aun más elocuente y grave del desinterés de los Gobiernos de PP y PSOE por detener a determinados etarras: el de José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, alias Josu Ternera, contra quien –se supone– pesa desde 2002 una orden internacional de búsqueda y captura dictada por el Tribunal Supremo como presunto inductor de la matanza de la casa cuartel de Zaragoza, uno de los más salvajes atentados perpetrados por ETA, en el que fueron asesinadas 11 personas –entre ellas cinco niñas– y resultaron heridas 88.
Es público y notorio que el Gobierno de Zapatero hizo caso omiso de esa orden de búsqueda y captura –así como del artículo 408 del Código Penal que tipifica como delito la omisión intencionada del deber de detener delincuentes– desde que el presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, confesara públicamente que hacía llegar al terrorista supuestamente perseguido mensajes del entonces presidente del Gobierno.
Desde la llegada de Rajoy a la Presidencia del Gobierno tampoco han faltado noticias, tanto en la prensa nacional como en la extranjera, sobre el paradero de Ternera. Lejos de esconderse en lugares especialmente recónditos, se supo que vivía plácidamente en una localidad francesa bien cercana a la frontera española, Durban sur Aziere. Desde allí se desplazaba tranquilamente a otros lugares de Francia o incluso a Noruega, país que, tal y como publicamos, lo expulsó en marzo del año pasado, junto con otros terroristas también supuestamente buscados por las autoridades españolas, como David Pla o Iratxe Sorzabal, tras participar con ellos en Oslo en la llamada Comisión Internacional de Verificación del Alto el Fuego en el País Vasco de Ram Manikkalingam.
El pasado mes de julio La Razón aseguraba que el terrorista habría huido del pueblecito cercano a los Pirineos en el que vivía cuando descubrió o fue alertado de que la Policía por fin lo iba, supuestamente, a detener.
Hubiera o no chivatazo, el caso es que Ternera no fue detenido. Y lo que no sabemos es si su clamorosa y exhibicionista impunidad y la de De Juana Chaos se deben a una inconmensurable incompetencia del Gobierno de Rajoy o, lo que es peor y mucho más probable, a una complicidad impuesta por la envilecedora lógica del apaciguamiento, heredada del Gobierno de Zapatero.
Lo que es seguro es que nadie del Gobierno va a presentar su dimisión, y casi seguro que ni siquiera se verán en la obligación de dar una explicación. Este es el trato que las élites políticas y mediáticas españolas otorgan a la memoria y a la dignidad de las víctimas del terrorismo, sometidas a una terrible y permanente injusticia.