Desconocemos si alguien en el recién reforzado Consejo Audiovisual de Cataluña, ha reparado en el artículo que, el pasado mes de junio, publicó el esquerrista Oriol Malló. Suponemos que no, porque aplicando al pie de la letra la ley audiovisual catalana, lo que escribió Malló supera con mucho los límites de lo tolerable y entra de lleno en el campo de lo penal. Lo mismo se puede decir de la columna del juez Fanlo en la edición barcelonesa de 20 Minutos, en la que el autor lamentó que los terroristas de Terra Lliure no hubiesen, hace 25 años, acabado con la vida del editor de este diario. O quizá sí, sí ha reparado en ambos y no han emitido informe alguno porque en Cataluña la crispación va por barrios.
Si desde la prensa adicta al tripartito se profieren insultos, se propagan maledicencias o se fijan los objetivos a batir por los políticos sin escrúpulos, no pasa nada, forma parte de un guión no escrito. Si, en cambio, un periodista independiente osa criticar las decisiones del Gobierno catalán o los desmanes de sus pupilos más radicales, la cosa cambia: se trata de un abuso de la libertad de expresión al que hay que poner coto cuanto antes. No es necesario remarcar que, en Cataluña, hoy por hoy, los terminales mediáticos del nacionalismo son mucho más numerosos y poderosos que la solitaria cadena COPE, objeto de las iras de casi toda la clase política catalana.
Es el doble rasero de siempre. Mientras unos, los leales a la causa, tienen patente de corso para casi todo, a los otros, a los críticos, se les mira con lupa lo que dicen y lo que escriben. Todo para encontrar un resquicio por el que colarse y presentarlo como coartada de que cierta prensa se ha echado al monte y algo hay que hacer. Lo estamos viendo estos días a cuento de la broma radiofónica que, desde la COPE, el Grupo Risa le hizo al presidente de Bolivia. Cualquier cosa vale como casus belli, y este de la broma parece que el ministerio de Exteriores pretende explotarlo hasta el final. El objetivo es acabar de raíz con la disidencia en las ondas, y a ello llevan afanados más de un año.
Este asalto liberticida esta dejando en nada a los perpetrados por Felipe González, y eso que tuvo 13 largos años para llevarlos a cabo. Sus mentores se las ven muy felices valiéndose de las dos varas de medir y del invierno mediático en el que se encuentra la derecha española. Quizá llegue a buen término o quizá no, el hecho innegable es que, en lo que queda de legislatura, se va a despachar nada menos que la libertad de prensa en España. El mundo y, especialmente los medios de comunicación, han cambiado mucho en los últimos diez años. El Gobierno debería tenerlo en cuenta. Amordazar a una sociedad moderna en pleno siglo XXI es tarea ardua, pero no deberíamos olvidar que uno de los atributos propios de este Gobierno es la torpeza. Podría ser su perdición.