Pedro Luis Gallego, el Violador del Ascensor, ha sido detenido esta semana después de agredir sexualmente a cuatro mujeres en los alrededores del madrileño Hospital de la Paz. Desde que perpetró su primera violación en 1976, su historial delictivo encadena ingresos psiquiátricos y entradas y salidas de la cárcel, que culminaron en 1995 con una condena a 273 años de prisión por, entre numerosas violaciones, haber asesinado a dos jóvenes, una de ellas menor de edad.
Un monstruo como este, que ha demostrado de manera incontestable la imposibilidad de su rehabilitación, ha de cumplir la pena máxima que permitan las leyes en función de las sentencias impuestas por los tribunales. Sin embargo, la interpretación torticera del Gobierno de España sobre los efectos jurídicos de una orden del tribunal de Estrasburgo en relación con la Doctrina Parot, ha hecho que este peligroso delincuente alcanzara la libertad antes de tiempo junto con casi un centenar de sanguinarios etarras, terroristas del Grapo, violadores y asesinos de extraordinaria peligrosidad.
Como es sabido, la llamada doctrina Parot es la línea jurisprudencial de los tribunales españoles fijada en 2006 -ante un recurso del etarra del mismo apellido- que decretó que las redenciones de penas por buena conducta u otros beneficios penitenciarios tenían que aplicarse individualmente sobre las condenas recibidas y no en conjunto sobre el máximo legal de permanencia en prisión.
El tribunal europeo revisó esa decisión en 2013 en respuesta a un recurso de la etarra Inés del Río que, como es lógico, solo afectaba a esta asesina y no tenía ninguna otra aplicación ulterior. Sin embargo, la rendición de Zapatero a la banda terrorista ETA y la continuación de esa estrategia por el Gobierno de Mariano Rajoy convirtieron una resolución individual en el pretexto para una catarata de excarcelaciones de los peores criminales y, entre ellos, el Violador del Ascensor.
Las víctimas de este depredador sexual tienen toda la razón en pedir explicaciones a los que han permitido que su agresor estuviera en libertad antes de cumplir las penas que le impusieron los tribunales. Los responsables políticos de este siniestro despropósito deberían ahora dar la cara y explicar a estas víctimas y sus familias que su agresor estaba en la calle porque había que alfombrar el llamado proceso de paz.