Ya es un eufemismo decir que el programa del gobierno secesionista que tiene de presidente a Pasqual Maragall exige una simple “reforma” del Estatuto y de la Constitución cuando, en realidad, supone acabar con los pilares básicos que sostienen ambos ordenamientos jurídicos. Pero es que Maragall ni siquiera se dispone a reformar el Estatuto de autonomía según el procedimiento legal que pudiera, de la ley a la ley, transitar del actual marco institucional a otro completamente distinto. Maragall, por el contrario y secundando a sus socios independentistas, ha amenazado con que, si las Cortes Generales no respaldan su proyecto soberanista en materia judicial, lingüística, fiscal, y política, se saltará el procedimiento de reforma que dicta el propio Estatuto y convocará a los catalanes a un referéndum. Maragall no sólo pretende cambiar la legislación, amenaza con violarla.
Aunque Maragall haya tenido la desfachatez de asegurar que todo se hará “respetando la ley”, hay que recordar —ya que los políticos y los medios de comunicación no lo hacen— que ya no la Constitución, sino que es el propio Estatuto de Autonomía catalán, en su artículo 56, el que declara taxativamente que la “reforma del Estatuto se ajustará al siguiente procedimiento” en el que se advierte que “la propuesta de reforma requerirá, en todo caso, la aprobación del Parlamento de Cataluña por mayoría de dos tercios, la aprobación de las Cortes Generales mediante Ley Orgánica y, finalmente, el referéndum positivo de los electores. Si la propuesta no es aprobada por el Parlamento de Cataluña o por las Cortes generales, o no es confirmada mediante referéndum por el cuerpo electoral, no podrá ser sometida nuevamente a debate y votación del Parlamento hasta que haya transcurrido un año”.
Maragall, pues, no sólo se dispone a saltarse a la torera la legalidad que establece como condición sine qua non la aprobación de la reforma en las Cortes Generales, sino que también nos anuncia que está dispuesto a violar el artículo 149 punto 32 de la Constitución que establece, dentro de las “materias de competencia exclusiva del Estado”, “la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum”. Este visto bueno del Estado para convocar el referéndum también es condición sine qua non en el Estatuto de Autonomía, tal y como refleja el artículo 57 que dice que “se convocará debidamente autorizado un referéndum sobre el texto propuesto”.
Maragall jamás hubiera amenazado al PP con “drama” alguno si este partido no tuviera probabilidades de mantener un peso determinante en las Cortes Generales. Prueba de ello es que a su gobierno con los independentistas, no sólo no le ha importado, sino que deliberadamente ha excluido al PP catalán de esta iniciativa. La falsa “mano tendida” con la que Maragall ha acompañado hipócritamente sus amenazas no busca consenso alguno en Cataluña sino tan sólo que su programa de gobierno no tenga ya que ser en el futuro constitutivo de delito. Las presiones de Maragall, en este sentido, se dirigen sólo hacia el PP en cuanto que representante mayoritario de la soberanía nacional que es, en realidad, a la que se dirige la amenaza.
Mariano Rajoy ha sido rápido en contestar a Maragall al decirle que el “drama lo padecerá su partido en las próximas elecciones generales". Bien está que el candidato del PP apele a los ciudadanos para que hagan frente en las urnas, tanto al secesionismo de los nacionalistas, como a la complicidad de los socialistas catalanes. Sin embargo, esto no basta. En primer lugar, porque tanto Maragall como Prisa han dado muestras de que les importa poco el futuro de Zapatero con tal de tocar poder en Cataluña. En segundo lugar, porque lo que Maragall anuncia, suve pero claramente, no es solo una mala política sino también la comisión futura de un delito en el caso de que la soberanía nacional reflejada en el parlamento español no se avenga a sus dictados.
Lo que tiene que divisar quien pretende cometer un delito, no es sólo un mal resultado en las urnas, sino un horizonte penal, tal y como —sin necesidad de reformas— ya establece nuestro Estado de Derecho. El “drama” que deberá estar servido es el que debe padecer el que viole la ley. Y eso no es “drama” alguno para el resto de los españoles. A no ser —claro está— que lo que finalmente impere sea la impunidad...