Como acaba de demostrar el Gobierno canario con su anuncio de una consulta sobre las prospecciones petrolíferas en el Atlántico, la campaña de la Generalidad de Cataluña para llevar a cabo su referéndum independentista ha dado inicio a una escalada autonómica de tintes soberanistas que ya ha comenzado a cubrir etapas con extraordinaria celeridad. Así, Paulino Rivero anunció ayer la pregunta que pretende formular a los ciudadanos canarios en torno a los sondeos energéticos autorizados por el Gobierno de España en aguas próximas a las islas canarias, en un referéndum que tendrá lugar el próximo 23 de noviembre si el Ejecutivo de Rajoy no hace nada por evitarlo.
Las regulaciones sobre participación ciudadana en las comunidades autónomas con fines genéricos, que nada tienen que ver con la atribución abusiva de competencias, están propiciando que los dirigentes autonómicos aprovechen ese dudoso marco jurídico para llevar a cabo todo tipo de excesos en su desarrollo reglamentario. Es el caso de Cataluña, con la normativa ex novo aprobada la pasada semana por su parlamento regional, al que se une ahora Canarias con el decreto en el que adquiere carta de naturaleza a una decisión política contra los mandatos del Gobierno y el interés general de todos los españoles.
La pretensión de Paulino Rivero de convocar ese referéndum es un abuso contra la Constitución, que establece taxativamente en su artículo 149 la competencia exclusiva del Gobierno sobre "la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum". Más aún, en el asunto concreto sobre la que Rivero quiere preguntar, el mismo precepto establece poco después la potestad privativa del Gobierno de España sobre las decisiones que tengan que ver con el régimen energético de la Nación. Pero es que además, tanto Rivero como Artur Mas pretenden acabar con el principio de soberanía nacional, decidiendo en sus comunidades sobre asuntos que competen al pueblo español en su conjunto, como son la integridad territorial de la Nación o la autorización de una explotación petrolífera en aguas que son de todos los españoles, no sólo de los residentes en Canarias. Por si fuera poco, este empeño del nacionalista canario con el apoyo del PSOE tiene como objetivo acabar con un proyecto prometedor, avalado por los estudios medioambientales pertinentes, que puede contribuir a paliar en parte nuestro déficit energético y permitirá la creación de miles de puestos de trabajo en una de las regiones con más paro de toda la Unión Europea.
La pasividad del Ejecutivo de Rajoy en la operación secesionista orquestada por la Generalidad de Cataluña ya ha tenido su primera consecuencia con esta iniciativa disparatada del peculiar político canario. Ahora bien, está claro que la vía abierta por el separatismo catalán no se agota aquí. Lo que ayer anunció Paulino Rivero es sólo la segunda intentona soberanista de una autonomía, en un proceso al que se sumará el País Vasco en cuanto el PNV se asegure la hegemonía del voto nacionalista, y al que se irán incorporando otras comunidades con partidos separatistas sin solución de continuidad.
Con la decisión del presidente canario, Paulino Rivero, Rajoy ya tiene sobre su mesa la primera consecuencia de la dejación de funciones con que ha respondido al mayor desafío de nuestra historia democrática y la más grave amenaza para la supervivencia de nuestra Nación.