Como la mayor parte de los lectores de Libertad Digital sabrá, los nueve primeros artículos de la Constitución, englobados dentro del Título Preliminar, son el centro doctrinal de la Carta Magna, su corazón, la esencia de lo que es España desde el punto de vista legal.
Es en este breve y esencial encabezamiento donde está el artículo que hace referencia a las Fuerzas Armadas y a su papel constitucional. Se trata del artículo 8, cuyo primer punto es diáfano, tan claro y evidente que hace imposible otra interpretación que la literal:
Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
Leído esto, resultan extraordinariamente sorprendentes las declaraciones del teniente general Ricardo Álvarez Espejo, que pidió este miércoles que el Ejército mantenga la máxima "neutralidad" y "respeto institucional" ante el proceso golpista en que anda embarcado el nacionalismo catalán.
Según el militar, estamos ante "un tema exclusivamente político que se tiene que resolver con la política". No opinan lo mismo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, como tampoco suscribiría esa frase cualquiera que lea otro de los artículos cruciales de la Carta Magna, el número 2, que habla de la "indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles".
Más allá de la calificación moral que pueda merecer el proyecto totalitario del nacionalismo catalán, el separatismo sería un problema exclusivamente político si la banda corrupta que lo patrocina siguiese el orden legal para conseguir sus propósitos. Es obvio que el camino elegido por estos independentistas del 3% no es ese sino el de la ilegalidad, de ahí que se trate de un golpe, de un intento criminal de subvertir el orden constitucional. La Carta Magna, recordemos, exige a las Fuerzas Armadas que defiendan no sólo la "integridad territorial" de la Nación sino el "ordenamiento constitucional".
Las declaraciones del teniente general Álvarez son, sencillamente, impresentables. Que un militar de tan alta graduación no sepa cuál es la parte más importante de su trabajo sólo tiene sentido en la España actual, desnortada, sumida en el caos, en la que ni los que tienen que gobernar, ni los que tienen que legislar ni los que han de defender la integridad de la Nación parecen tener claro cuáles son sus responsabilidades.