El Parlamento inicia hoy el debate con el que cada año los partidos presentes en las Cortes Generales pasan revista a la situación del país con un PP decidido a seguir hablando fundamentalmente de economía y el PSOE con la vista puesta en las próximas elecciones europeas, de las que el debate que hoy comienza puede ser considerado el primer acto de campaña. Sin embargo, el estado de la Nación es peor de lo que el PP está dispuesto a reconocer, por causas muy distintas de las que el PSOE va a esgrimir.
El proyecto secesionista de la Generalidad de Cataluña es indudablemente el más grave problema al que se enfrenta la Nación, pues está en juego su propia supervivencia. El Gobierno regional de Cataluña está desde hace tiempo en situación de abierta rebelión contra el orden constitucional, con el apoyo mayoritario de un Parlamento autonómico que ha sobrepasado todas las barreras admisibles en un Estado de Derecho. Frente a este desafío, ya consumado al margen de cómo termine la operación, el Gobierno central ha decidido contemporizar apelando a un diálogo cómplice con quienes han decidido ponerse voluntariamente fuera de la ley. Los dos partidos sedicentemente nacionales en Cataluña, lejos de oponerse de manera tajante a esta tentativa sediciosa, formulan como única respuesta su disposición a compensar a los nacionalistas con un nuevo acuerdo que aumente los privilegios de los que ya goza el Ejecutivo catalán si los separatistas desisten, al menos momentáneamente, de sus aspiraciones anticonstitucionales.
En el País Vasco, el proceso de rendición del Estado de Derecho ante la banda terrorista ETA iniciado por Zapatero sigue cumpliendo etapas. La última ha consistido en la farsa bochornosa perpetrada este fin de semana, con ese simulacro de entrega de armas que ha supuesto un escarnio a las víctimas del terrorismo, un insulto a la inteligencia de los españoles y una ofensa a la Nación, con el aplauso de las fuerzas nacionalistas y de los socialistas vascos. Sus colegas de Navarra amenazan también con tomar allí el poder, con el pretexto de luchar contra la corrupción en un caso cuyas implicaciones delictivas no están por el momento nada claras. La vigencia de la disposición transitoria cuarta de la Carta Magna, que abre la puerta a una anexión de Navarra por el País Vasco, como pretenden los nacionalistas, reviste de una extraordinaria gravedad la mera posibilidad de que se sustancie la moción de censura con la que el PSN viene amagando desde hace días.
En el terreno económico, el único que cuenta para Rajoy, las perspectivas mortecinas de crecimiento para el presente ejercicio no van a ser suficientes para disminuir de forma satisfactoria las terribles cifras de paro. El constante aumento de la presión fiscal y la negativa a reducir el entramado autonómico son los rasgos distintivos de la política económica del Gobierno, que las propuestas del principal partido de la oposición no tiene el menor interés en censurar, sino más bien todo lo contrario.
Ante este alarmante panorama, no parece previsible que el debate que hoy da inicio en la sede de la soberanía nacional vaya a aportar soluciones de enjundia, porque la mayoría de la Cámara no está dispuesta a aceptar la realidad. El Gobierno se preocupará de la economía, el PSOE de sus expectativas electorales para los comicios europeos, al igual que la izquierda aún más radical, y las formaciones nacionalistas utilizarán esa plataforma para seguir chantajeando al resto de España, haciendo gala de la ruindad y el egoísmo que en ellas resulta habitual.
Veremos si hay algún líder político que se atreva a discutir sin componendas el estado real de la Nación, único objetivo oficial de este debate, aunque la mayoría de los presentes finja ignorarlo.