No se puede negar a los sindicatos ni esfuerzos a la hora de maquillar las cifras de seguimiento de la huelga general de este miércoles ni reparos a la hora de utilizar la violencia como forma de lograr que fuera secundada. Sin embargo, y aun dando por ciertas sus abultadísimas cifras de participación, tanto UGT como CCOO han tenido que admitir que el seguimiento ha sido un 12,2% menor al que tuvo la del 29 de marzo. Y es que, a la luz de los datos de consumo eléctrico, que reflejan un descenso de tan sólo un 12,1% respecto a lo que es habitual en un día laboral normal, el seguimiento de esta huelga estaría mucho más cerca de ese 12% en el que lo sitúa la CEOE que del 76,7% que manejan los convocantes.
El hecho de que los sindicatos hayan obtenido uno de los mayores fracasos en la historia de las huelgas generales de nuestro país no debería llevarnos, sin embargo, a quitar gravedad a los múltiples actos de intimidación y violencia que han perpetrado los mal llamados piquetes informativos. Aunque muchos de los perpetrados ya constituyen un delito en sí mismos, sin necesidad de una ley de huelga, es evidente que, sin ella, los piquetes seguirán gozando de una intolerable impunidad, amparándose en una deficiente y preconstitucional regulación del derecho de huelga.
Si la constatación de esa violencia y el escasísimo poder de convocatoria nos llevan a insistir en la necesidad de esa ley, tanto como en la supresión de las subvenciones a los sindicatos, no queremos dejar de comentar el bochornoso espectáculo que ha supuesto ver al PSOE secundar en pleno las marchas de este 14-N. Pues si hay unos responsables claros de la dramática situación que padecemos han sido, precisamente, el anterior Gobierno socialista y sus cómplices sindicales.
En este sentido, hará bien Rajoy en no cambiar una coma de su política económica para satisfacer las reclamaciones sindicales. Ahora bien, una cosa es que los sindicatos carezcan de toda legitimad para convocar esta huelga política y otra, muy distinta, que no existan muchísimas razones que justifiquen el malestar ciudadano. El hecho de que las demandas de los sindicatos sean nefastas para la recuperación económica no convierte la política que está manteniendo el Gobierno del PP en acertada. El hecho de que sean inevitables muchas "medidas difíciles y antipáticas" –como las ha calificado Rajoy– no justifica que el Ejecutivo nos venda con los ropajes de la "medicina amarga" medidas y hechos que constituyen auténtico veneno para la economía. Tal es el caso de su brutal subida de impuestos y de su empeño en preservar un sector público a todas luces sobredimensionado.
Bien está que el Gobierno predique la necesidad de reformas, pero que las lleve a cabo de una vez con la celeridad y la profundidad necesarias. Bien está en que reivindique la necesidad de la austeridad, pero que la aplique al sector público y no como excusa para justificar una mayor presión fiscal que ni siquiera le va a servir para atajar el déficit público. Si defiende medidas "difíciles y antipáticas", que lo sean también para los nacionalistas y reforme el insostenible modelo autonómico.
Que nos opongamos a los sindicatos no significa en modo alguno que no nos opongamos también a buena parte de lo que está haciendo el Gobierno. Empezando por su empeño en seguir subvencionando a los sindicatos.