Al final la Comisión Europea ha exigido a España que recupere las ayudas concedidas a los astilleros de nuestro país mediante bonificaciones fiscales entre 2007 y 2011. Las subvenciones deberán devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros.
Aunque la decisión resulte más favorable que la planteada por el vicepresidente de la CE y comisario de Competencia, el español Joaquín Almunia, que exigía la devolución de las ayudas recibidas entre 2005 y 2011, el veredicto de la Comisión no alcanza a lo que reclamaba el Gobierno español y el sector, partidarios de limitar el reembolso a las bonificaciones fiscales concedidas desde que se incoó el expediente contra España en junio de 2011 hasta la actualidad.
Desde Libertad Digital siempre nos hemos posicionado en contra de las subvenciones públicas al considerar que sólo sirven para mantener sectores improductivos a costa del bolsillo del contribuyente. Ahora bien. Si consideramos que la Unión Europea dedica la inmensa mayoría de sus fondos a incentivar artificialmente a los más amplios sectores de la actividad económica, resulta necesario exigir igualdad de trato, sobre todo cuando se trata de una industria subvencionada en diversos países miembros.
En este sentido, ya veremos lo que tarda el comisario Almunia en atender las denuncias contra las ayudas públicas al sector naval que afectan a Holanda, Malta o Grecia. Si Bruselas utiliza como referencia abril de 2007, fecha en la que declaraba públicamente ilegal un sistema francés similar al español, no se entiende que el expediente contra España no se incoase hasta junio de 2011, ni que sea esta última la fecha de referencia para devolver las subvenciones indebidas.
Lo que, en cualquier caso, ha dejado en evidencia la decisión de Bruselas es la contumacia de Almunia y su frustrado intento de que se devolviesen las ayudas percibidas desde 2005. El Gobierno español hace bien, por su parte, en reservarse el derecho a recurrir ante Estrasburgo si ve motivos fundados para reclamar que el reembolso a las bonificaciones fiscales se limite a las concedidas desde 2011 en lugar de hacerlo desde 2007 tal y como ha dictaminado Bruselas.
Una vez, sin embargo, que se haya despejado la duda de si las subvenciones son cosas del ayer o del anteayer, tanto el Gobierno como las empresas del sector naval deben concienciarse de que las ayudas a cargo del contribuyente ya no pueden ser un medio para garantizar ni el hoy ni el mañana de los astilleros.