La cordial y amistosa reunión clandestina en Madrid entre la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el vicepresidente de la Generalidad, Oriol Junqueras, ha sido muy provechosa, según sostienen los demiurgos de las partes, puesto que de los citados ninguno ha dado la cara. El encuentro, modelo Jorge Fernández con el de la oficina antifrau, se ha celebrado, en principio, en la más estricta intimidad, sin luz, ni taquígrafos o micrófonos en el florero.
De lo trascendido se infiere que el único provecho lo ha obtenido Junqueras, uno de los rostros más significados del golpe de Estado permanente de la Generalidad contra España. Su viaje a la capital se ha saldado con una condonación de deuda autonómica a sufragar por los españoles "ladrones" (1.600 millones de euros) y el visto bueno del Gobierno a que la administración regional siga por ese camino y emita 680 millones de deuda a corto plazo, que paga España. El postre de la fructífera cumbre vicepresidencial ha consistido en que el Gobierno pedirá formalmente en la Unión Europea que Barcelona sea sede de la Agencia Europea del Medicamento, que abandonará Londres tras el Brexit.
El escandaloso, bochornoso e impresentable trato de favor que dispensa el Gobierno a la Generalidad de Cataluña es el oxígeno del movimiento separatista. El Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) está al servicio del "proceso" de tal modo que cuando la administración catalana se sitúa al borde la quiebra por su gestión irresponsable, cosa que sucede con cierta regularidad, llega el cheque salvador del Estado, fondos públicos de todos los españoles "donados" por el Gobierno y con los que los separatistas montan "embajadas", sostienen su férreo sistema mediático, fomentan el odio a España desde la más tierna infancia y calientan un nuevo 11-S. Es a eso y a la construcción de un Estado paralelo a lo que destina la Generalidad el dinero que el Gobierno deposita en manos de Oriol Junqueras, vicepresidente económico del ejecutivo regional.
En nada conmueve al Gobierno que la Generalidad haga ostentación de sus planes de ruptura, que el grupo parlamentario que sostiene al Govern firme acuerdos con la CUP que contemplan la desobediencia explícita de la legalidad constitucional, que Junqueras mantenga que la república catalana está a la vuelta de la esquina y que Carles Puigdemont, el honorable president, insulte a los españoles con sus teorías sobre la persistencia del franquismo en la sociedad y sus instituciones o respecto a la "baja calidad democrática" de España.
Cada traición, cada engaño, cada burla y cada órdago separatista es replicado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy con un premio en metálico. Cuanto más suben la tensión los líderes del "proceso", más dinero de Madrit para la republiqueta o, en el Congreso, más prebendas para los convergentes, grupo parlamentario de lujo y línea directa con los principales despachos. En Barcelona desconexión, en Madrid, conexión. Es la versión moderna y descarnada del doble lenguaje de Pujol, chantaje y extorsión.
Si no es por estulticia, es por complicidad, pero la cuestión es que el "proceso" sería imposible sin el Gobierno como socio capitalista. De hecho, sin el FLA, la Generalidad de los golpistas estaría bajo administración judicial.