Dicen sus compañeros de profesión que la "serenidad" y la "firmeza" fueron los principales rasgos distintivos del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, lamentable y repentinamente fallecidoen Argentina este fin de semana. Y, ciertamente, basta tener presente las querellas que interpuso contra los golpistas catalanes para darse cuenta de que Maza siempre compensó su relativa tardanza a la hora de actuar contra los cabecillas del golpe con unos escritos de acusación tan sólidos, exhaustivos y bien estructurados que inmediatamente lograban que los escépticos recuperaran la confianza en el Estado de Derecho.
En Maza, la serenidad no fue en modo alguno incompatible con el rigor y la firmeza a la hora de velar por el imperio de la ley, tal y como vino a demostrar tanto en su inicial querella contra el Gobierno de Puigdemont por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos –presentada antes incluso de que los golpistas consumaran la ilegal consulta secesionista del 1-O–, como en la ampliación de la misma por los delitos de rebelión, sedición y malversación, dirigida también contra los miembros de la Mesa del Parlamento autonómico, una vez aprobada allí la declaración de independencia de Cataluña.
Al exhaustivo y detallado repaso que Maza hizo del contumaz y reiterado comportamiento delictivo de quienes cinco días antes seguían siendo los máximos representantes del Estado en Cataluña conviene añadir su no menos rigurosa querella contra los exmandos de los Mossos d'Esquadra y contra los alcaldes de los municipios que se comprometieron con la celebración del 1-O; un rigor que también le acompañó a la hora de solicitar medidas cautelares contra los acusados a la espera de juicio.
A pesar de ser nombrado por el Gobierno, José Manuel Maza supo acreditar su independencia frente a una clase política, en general, y un Ejecutivo del PP, en particular, que no han mostrado el más mínimo interés en que actuaciones delictivas de la gravedad de las perpetradas por los separatistas tuvieran el reproche penal que merecen; por el contrario, han reiterado sus ofertas de negociación a los golpistas tanto en el ámbito de la financiación autonómica como incluso en el de la reforma constitucional.
No es descartable que el futuro sucesor de Maza en el Ministerio Público sea más sensible a ese indisimulado afán del Ejecutivo por llegar a alguna clase de componenda con unos indeseables que han hecho un daño tremendo a Cataluña. Sin embargo, es harto improbable que el relevo de Maza conlleve una retirada de cargos o una reducción de los mismos, tal y como bochornosamente sucedió tras la dimisión del otrora Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce y su sucesión en el cargo por Consuelo Madrigal: aquella retirada de cargos por usurpación de funciones y malversación de fondos públicos por parte de la Fiscalía que evitó que Mas, Ortega y Rigau fueran juzgados por esos delitos penados con cárcel, como responsables de la consulta secesionista del 9-N, convendría mucho a la infame operación Dialogo de Soraya Sáenz de Santamaría, pero constituyó una barbaridad jurídica que, paradójicamente, vendría a poner en evidencia el propio escrito del fiscal Maza con ocasión de la acusación de ese mismo delito de malversación dirigida contra los convocantes del 1-O.
Entra dentro de lo posible que el sucesor de Maza retire algunas de las medidas cautelares, como la prisión preventiva, solicitadas hasta ahora contra los golpistas; pero es mucho más improbable una retirada de cargos como la antes señalada, no ya sólo por el hecho de que el sucesor de Artur Mas al frente de la Generalidad haya ido mucho más lejos en su actividad delictiva, sino porque la acusación contra los golpistas ya no la sostiene únicamente el Ministerio Público: también está ahí la acusación particular, ejercida por Vox.
Así las cosas, lo único que podemos esperar y exigir es un juicio justo y sin demora que no se tuerza por razones de conveniencia política. Dado que los hechos y las responsabilidades de los acusados son notorios y están perfectamente documentados, no hay razón alguna para dilatar la instrucción y demorar el proceso. Ese sería el mejor homenaje que se podría brindar al fiscal Maza y a todos los que entienden que la Justicia debe fundarse en el gobierno de las leyes y no en el de los hombres.