"Los burgueses nos venderán la soga con la que les ahorcaremos", dicen que dijo Lenin. Rajoy, por no cumplir su deber de intervenir una Administración regional en rebeldía, desde 2012 no hace sino financiar, de manera indirecta pero absolutamente decisiva, un costosísimo proceso secesionista que, además de ser radicalmente ilegal, hubiera sido financieramente inabordable para la Generalidad catalana sin el auxilio crediticio extraordinario que el Gobierno central le ha venido brindando, año tras año, a través del Fondo de Liquidez Autonómica.
Aunque las Administraciones regionales españolas son las que manejan el mayor porcentaje de dinero extraído a los contribuyentes de toda la OCDE, ni siquiera la catalana, que es una de las más ricas, hubiera podido afrontar con sus propios recursos fiscales los gastos que acarrea el ilegal proyecto de llevar el Principado a su "plenitud nacional" a través de la "creación de un Estado propio". Dicho proyecto implicaba que la Generalidad, además de atender los gastos ordinarios de la sanidad, la educación y el resto de competencias que legítimamente gestiona, tenía que sustentar una gran cantidad de redes clientelares a favor de la causa separatista, así como crear y sostener lo que Artur Mas hace años definió acertadamente como "estructuras de Estado". Buen ejemplo de ello ha sido la red de empresas, fundaciones y demás chiringuitos que la Administración catalana ha venido sosteniendo estos años a pesar de la crisis, así como la Agencia Tributaria propia o el Consejo Asesor para la Transición de Nacional de Cataluña.
Si la multiplicación de embajadas catalanas era un gasto prioritario para lo que Artur Mas denominó en 2012 "internacionalización del conflicto", la Generalidad ha destinado estos años aun más recursos a las labores propagandísticas de TV3, con la justificación de que ésta desempeña un papel crucial en el "proceso de construcción nacional". Otro tanto se podría decir de los fondos destinados a un Consejo Asesor para la Transición Nacional cuyos informes establecen hojas de ruta y prevén distintos escenarios para sortear o, simplemente, ignorar el ordenamiento constitucional.
Desde que Rajoy lo despachara en 2012 como simple "algarabía", el proyecto separatista ha supuesto unos gastos para los contribuyentes que van mucho más allá de los que han acarreado la ilegal consulta secesionista del pasado año o las múltiples desobediencias a los tribunales que los gobernantes autonómicos catalanes vienen protagonizando. Si la Administración separatista los ha podido afrontar ha sido no ya por la vista gorda de Rajoy ante el reiterado incumplimiento por parte de las autonomías de los topes de déficit de la ninguneada Ley de Estabilidad Presupuestaria, sino porque, desde agosto de 2012, el Gobierno central le ha venido brindando, "sin condiciones", la mayor parte de los Fondos de Liquidez Autonómica.
Es deprimente que a estas alturas sólo una formación con representación parlamentaria, UPyD, haya venido a condicionar ese auxilio financiero extraordinario al inmediato y público compromiso de la Generalidad de poner fin a su golpista proyecto de ruptura. Las demás –también Ciudadanos– siguen oponiéndose a tan elemental exigencia con argumentos pueriles, como el que sostiene que eso sería tanto como "convertir a los catalanes en rehenes políticos". Por el contrario, lo que convierte a todos los catalanes y a los demás españoles en rehenes de los separatistas es la renuencia del Estado a intervenir una autonomía que, en lugar de destinar sus recursos fiscales ordinarios a las competencias que le corresponden, los desvía en buena parte a un ilegal proceso de construcción nacional. Que los gastos que acarrean las competencias en educación, sanidad, etcétera, sean cubiertos en buena parte con una línea de crédito por parte del Estado central no suple, sino que encubre y posibilita, la malversación de fondos de los separatistas.
Pero en esas estamos y seguiremos estando mientras sigan confluyendo la voluntad de unos de saltarse la ley y la cobarde y no menos persistente renuencia de los otros a imponerla.